Caso Herrera: piden reunión urgente con la jefa de los fiscales

Abogados que representan legalmente a víctimas de las maniobras encabezadas por el financista Luis Herrera y su familia, le enviaron en las últimas horas una carta a la fiscal Regional, María Eugenia Iribarren, con un pedido expreso: que se acelera la instrucción de la causa contra el hombre que comandó la sociedad de bolsa Fernández Soljan y al mismo tiempo que se comporte más personas a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. En el mensaje a Iribarren, además, le solicitan una reunión.

El documento al que tuvo acceso Punto biz está firmado por los letrados Héctor Superti, Sabrina Superti, Mariano Pujol, Guillermo Mionnet, Florencia Bire y Viviana Cosentino,como representantes y patrocinantes de más de 70 víctimas que formularon denuncias contra Luis Herrera, Ignacio Herrera, Diego Herrera y Marcela Fernández.

El planteo apunta directamente a los recursos destinados por el MPA para avanzar en esta causa y otras vinculadas a fraudes económicos. “Somos conscientes, que esta causa no es la única trascendente que lleva  adelante la unidad de delitos económicos, y es precisamente por ese motivo que  no resulta aceptable que, lejos de dotarse de mayor personal y recursos a los fiscales que llevan adelante las investigaciones, se tenga relegada a dicha unidad, al punto tal de no contar ni siquiera con un personal especializado, por ejemplo contadores propios, que puedan analizar la extensa documentación contable y financiera que son propias de esta clase de delitos complejos”, reseña el escrito

Los abogados mencionan que “ en muchas ocasiones esta tarea ha sido suplida por profesionales contratados por las víctimas/querellantes o se ha debido recurrir, en el mejor de  los casos, a contadores del Organismo de Investigaciones o peritos de la Corte, que muchas veces no cuentan con tiempo para realizar un análisis detallado de la misma porque también deben responder a otras Fiscalía. A ello se suma que por distintos motivos el personal que ha dejado de trabajar en la unidad no ha sido reemplazado por otros empleados”.

“Estamos observando desde hace tiempo un agravamiento general de las condiciones de trabajo de la Fiscalía de delitos económicos, y ello termina perjudicando directamente a las víctimas que representamos y a tantas otras que  esperan justicia, mientras los fiscales hacen esfuerzos por dar respuestas a  situaciones aun cuando no cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante adecuadamente la investigación penal”, sumaron. 

En el documentos le pidieron a la conducción del MPA “que los fiscales trabajen en las mejores condiciones posibles para poder obtener una  tutela judicial efectiva de todos los involucrados, ya que las demoras y faltas de recursos también perjudican a los imputados que tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable, que muchas veces no se cumple”. 

En relación a la causa Herrera, los penalistas indicaron que las maniobras denunciadas e imputadas alcanzan a una gran cantidad de víctimas (más de 350) y un daño ocasionado de gran magnitud (que supera los u$s20 M).

“Es muy extenso y complejo el trabajo que aún queda por realizar, en tanto que se debe procurar la trazabilidad del dinero obtenido con  motivo de estas maniobras, y a su vez avanzar con la imputación de todas aquellas denuncias que se realizaron con posterioridad a la referida imputación (de la cual ya pasó un año), como así también poder obtener todas las evidencias necesarias para que la causa pueda ser elevada a juicio a la mayor brevedad 
posible”, plantearon. 

Por último, los abogados insistieron en que “el paso del tiempo y el hecho de que los imputados se  encuentren en libertad, pese a la peligrosidad procesal invocada y acreditada por la Fiscalía, hacen que las posibilidades de poder cautelar más bienes o dinero 
que en el futuro puedan ser decomisados para resarcir a las víctimas, se tornen 
cada vez más ilusorias”.