Al plan de blanqueo santafesino le entró una cautelar

Aunque desde la puesta en marcha del plan de blanqueo de capitales que motorizó el gobierno de Javier Milei la administración santafesina confirmó que iba a avanzar en la adhesión, el esquema que planea aplicar la gestión de Maximiliano Pullaro y que está contenido en el proyecto de ley tributario de 2025 ya genera resistencias. En los últimos días ingresó a Tribunales a solicitud de la diputada nacional libertaria Romina Diez una medida cautelar que de ser convalidado por la Justicia evitará que el Ministerio de Economía provincial imponga una alícuota del 2% en concepto de Ingresos Brutos  a quienes adhirieron al programa de regularización de activos que promovió Nación y que tengan domicilio en Santa Fe

Amparada en la Ley 10.000 de intereses difusos, la diputada Diez con el patrocinio del letrado Marcos Peyrano -armador de La Libertad Avanza en Santa Fe- canalizó la cautelar “por inconstitucionalidad”.

Demanda Cautelar Diez by Informacion Puntobiz

De acuerdo al documento al que accedió Punto biz, el trámite ante Tribunales busca suspender “cualquier ley que imponga un impuesto adicional y retroactivo, solo para los ciudadanos de la provincia de Santa Fe que hayan adherido a la ley nacional 27.743 de regularización de activos (y su decreto reglamentario); en nombre propio y en representación de todos los ciudadanos santafesinos y para ellos se hacen indispensable previo al inicio de la demanda principal asegurar las pruebas necesarias las medidas solicitadas en este acto”.

“Hasta el momento es una cautelar preventiva porque la Ley no está aprobada todavía” mencionó Peyrano, en contacto con Punto biz e insistió en que la prerrogativa que pretende colar el Palacio de Hacienda de Santa Fe tiene dos elementos negativos puntuales.

“Por un lado el impuesto que se pretende aplicar es retroactivo, o sea se aplica para atrás a quienes ya blanquearon con la normativa nacional. Por otro lado, el impuesto discrimina a los ciudadanos de Santa Fe con respecto a otros ciudadanos del país frente a una normativa nacional (blanqueo), por el solo hecho de tener domicilio en nuestra provincia (personas físicas y jurídicas) y esto es también inconstitucional. Este punto ya lo ha declarado varias veces la Corte Suprema”, expuso el letrado.

Si bien el trámite ya fue ingresado a los Tribunales, el tratamiento y la aprobación del mismo todavía se hace esperar. “La cautelar es preparatoria a un recurso de inconstitucionalidad que vendría en caso de que la Ley terminara aprobada en la Legislatura”, aclaró Peyrano.