Afip recibió datos de cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recibió datos sobre las cuentas bancarias que los argentinos tienen en Estados Unidos. Este intercambio de información automática con el país norteamericano se da en el contexto en el cual Argentina comenzó a formar parte de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca por sus siglas en inglés). Es la primera vez que se lleva adelante este tipo de intercambio ya que demoró años de adecuaciones de sistemas y tratativas con las autoridades estadounidenses.

Los datos que llegaron al país coinciden con la primera fase del Régimen de Regularización de Activos, más conocido como blanqueo de capitales, que la semana pasada se prorrogó hasta el 31 de octubre próximo. No es una coincidencia que al Gobierno se le escape. A través del cruce de información, en los últimos meses el fisco visitó y envió cartas a los contribuyentes con inspecciones en curso para invitarlos a adherirse a la iniciativa oficial.

“El blanqueo de capitales va a ser exitoso en el momento en que los contribuyentes entre al sitio web de la Afip y en el servicio de ‘Nuestra parte’ encuentre que llegó información de Estados Unidos. Ahí la gente se va a apurar en declarar”, dijo una tributarista, en anonimato. En el sitio web de la Afip, aparece un contador: al momento de escribir esta nota, quedaban 31 días, 13 horas y 23 minutos para regularizar el dinero en efectivo “sin tope”.

Los contribuyentes que la administración federal tiene en la mira hoy para fiscalizar son quienes tienen deudas, procesos administrativos y judiciales, irregularidades detectadas en relaciones laborales, inconsistencias surgidas por cruces sistémicos a partir de información recibida por intercambio automático del acuerdo multilateral de la Ocde, inmuebles no declarados, ventas omitidas, falta de inscripción y gastos que exceden la capacidad contributiva en el marco del Monotributo, entre otros.

Fatca: qué información llegó al país

En 2016, el gobierno de Mauricio Macri intentó firmar el acuerdo Fatca, pero para llegar a buen puerto con las negociaciones se tuvo que esperar hasta diciembre de 2022, cuando Alberto Fernández todavía gobernaba en la Casa Rosada. Aun así, la información que llegó al país es más limitada que el Acuerdo Ocde, el intercambio de información tributaria automática que la Argentina mantiene hace años con otros 107 países.

Estados Unidos reporta únicamente a los titulares de la cuenta bancaria, no así a los beneficiarios finales. Por ejemplo, muchos argentinos tienen cuentas sin declarar en Estados Unidos bajo sociedades jurídicas en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales seguirán en el anonimato. Tampoco informa si la cuenta está a nombre de una sociedad (LLC) o estructura (Trust).

Además, Estados Unidos solo le avisa a la Argentina la renta que tenga esa cuenta financiera, pero no reporta datos sobre movimientos ni saldos. Y como complemento, para reportarlo, la renta tendrá que darse en el territorio americano por más de u$s10 por haber invertido en bonos del Tesoro o acciones; no así si el portafolio está posicionado en activos de Europa o Asia.

Blanqueo de capitales

Durante el sinceramiento fiscal que lanzó Mauricio Macri entraron al sistema u$s116.800 M, muchos de los cuales estaban refugiados en el país que hoy dirige Joe Biden. En concepto de inversiones, el 30% del total declarado estaba en Estados Unidos y el 26% en Suiza. Algo similar ocurrió con los fondos en cuentas, en este caso, repartido entre Estados Unidos (45%), Suiza (32%) y Uruguay (9%).

Por esa razón, cuando Sergio Massa era ministro de Economía, el entonces oficialismo estimaba que habría otros u$s100.000 M sin declarar en Estados Unidos y que se podrían obtener gracias al acuerdo Fatca.

En esta ocasión, desde el Gobierno estiman que el blanqueo de capitales podría atraer un total de entre u$s30.000 M y u$s40.000 M que estaban en la informalidad. A diferencia de la iniciativa de Macri, en esta ocasión el Ministerio de Economía apunta a atraer a la clase media que tiene los billetes verdes guardados debajo del colchón, ya que se pueden regularizar hasta u$s100.000 sin pagar ningún tipo de multa.