Una prepaga con más de 400 mil afiliados quedó al borde de la quiebra

La prepaga Osdepym está en crisis y esa situación no es nueva, ya que desde hace tiempo los pacientes enfrentan a diario complicaciones para conseguir turnos, medicamentos o lograr la cobertura de prestaciones básicas. "Estamos abandonados y nadie se hace cargo", repiten los damnificados.

Osdepym fue intervenida por el gobierno de Mauricio Macri tras una denuncia por presuntas irregularidades y la administración de Alberto Fernández prorrogó esa decisión en los últimos tres años pese a la ola de cuestionamientos contra la intervención y los insistentes reclamos por la normalización de la entidad. 

Hace cinco años está intervenida y los reclamos se fundamentaron precisamente en el profundo deterioro de los servicios médicos de la empresa y la situación de desamparo que denuncian los afiliados.tura de prestaciones básicas. "Estamos abandonados y nadie se hace cargo", es la queja que se repite una y otra vez.

La entidad "se encuentra en una situación de pre-quiebra. Ha pasado de tener 9 millones de dólares de ganancia a 2 millones de pérdida. Se les paga a los prestadores a 250 días. Los afiliados tienen que esperar 30-40 días para tener una consulta médica", denunció la denominada Comisión Normalizadora de Osdepym, que conformaron un conjunto de afiliados para solicitar la convocatoria a elecciones de autoridades de la prepaga.

La acusación de los afiliados no fue una reacción directa a la actitud del Presidente, que en el marco del 51° aniversario de la entidad saludó la tarea desarrollada por la intervención que encabeza Horacio Alonso, referente del gremio de judiciales y dirigente del Frente de Todos en el partido de Tres de Febrero. Justamente la gestión de Alonso está fuertemente cuestionada por el deterioro de los servicios y compras directas que realizó la intervención durante la pandemia que no se corresponde con su actividad.

"Se han derivado fondos de la salud hacia la política interna del Frente de Todos", sostuvo el comunicado de la comisión normalizadora. Se referían puntualmente a la denuncia contra Alonso que investiga la Justicia por las compras de juguetes y alimentos por un monto de casi $ 110 millones que realizó la intervención entre abril y septiembre de 2020.

Mientras que el interventor justificó esa operación en supuestas actividades de "responsabilidad social" por parte de Osdepym, los afiliados denunciaron que los juguetes y alimentos fueron distribuidos en actos políticos del oficialismo en el conurbano bonaerense.

En declaraciones radiales, Mauro González, uno de los voceros del grupo de afiliados advirtió que los recursos utilizados en las compras injustificadas "se refleja en el déficit en las prestaciones porque los pagos por las prestaciones se demoran más de 160 días".

Frente a la multiplicación de críticas contra la gestión de la intervención, fuentes del sector confirmaron al Cronista que se puso en marcha una negociación entre el Gobierno y los representantes de los afiliados para intentar avanzar en el proceso de normalización de la prepaga. Sin embargo, esas gestiones aún no han arrojado resultados concretos ni la definición de fechas para la convocatoria para elegir autoridades.

"Estamos esperando por una definición urgente a través de un decreto del Ejecutivo que ponga fin a la intervención", contó uno de los voceros al tanto de la negociación y alertó: "necesitamos medidas urentes para revertir la situación de desamparo que enfrentan los afiliados.

Problemas con las cartillas, cortes de prestaciones básicas y tratamientos de alta complejidad, eliminación de prestadores, demoras en turnos y dificultades para conseguir medicamentos son los reclamos más recurrentes.

Actualmente Osdepym cuenta con alrededor de 400.000 afiliados activos en los distintos planes de servicios que ofrece la entidad. Y sus quejas y denuncias son recurrentes y se replican por decenas en los diferentes portales vinculados al funcionamiento de obras sociales y prepagas.