Tradicional marca de bikinis se ahoga en deudas y entra en concurso

La empresa textil Planeta Agua, dueña de la marca de indumentaria deportiva y trajes de baño femeninos Class Life, se presentó en concurso preventivo. La firma familiar fue fundada en 1985 y se suma así a la lista de compañías del sector que atraviesan dificultades financieras.

La medida fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, Secretaría Nº 33, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel. El proceso fue encuadrado como un gran concurso, debido a la magnitud de su pasivo denunciado y la cantidad de acreedores financieros, fiscales y comerciales involucrados.

Fundada en 1985 por Alberto Pardo y su esposa, Norma Andematten, Planeta Agua tiene su taller de corte y confección en Palermo y despliega un esquema de comercialización mixto directo e indirecto. Actualmente, es locataria de dos locales comerciales de venta directa al público en el mismo barrio, tiene un canal de e-commerce y abastece a una red de clientes mayoristas.

De acuerdo con las presentaciones judiciales, la empresa no posee sucursales ni puntos de venta físicos en el interior del país. Y ni bien en los documentos no se especifica el número de locales previamente alcanzados, en un sitio web menciona otros seis (en la ciudad y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes), a la que suma una reciente tienda en Unicenter.

En el plano laboral, los registros oficiales del sistema de seguridad social confirman una nómina de 32 empleados en agosto de 2026.

“Efecto Shein” y caída de margen

De acuerdo con las declaraciones judiciales, la crisis financiera responde a una confluencia de factores de mercado. Tras la paralización de la actividad comercial durante la pandemia de 2020, la empresa atravesó un continuo deterioro en sus márgenes de ganancia.

En los estados contables de la firma, el balance entre ventas netas, costos directos y gastos de comercialización y administración arrojó pérdidas operativas de $90 M en 2023, $315,8 M en 2024 y $130,6 M en 2025. Si bien la pyme logró amortiguar estos resultados apelando al crédito bancario, hacia los meses de julio y agosto de 2026 esa herramienta -indicaron- se agotó.

A la retracción de la demanda interna -señalaron- se sumó la competencia generada por gigantes globales del e-commerce de indumentaria juvenil y moda de temporada como Shein y Temu. Según consideraron, la llegada directa de mercadería importada a bajos precios, sin intermediarios y con esquemas de costos exentos de la presión impositiva local, afectó severamente el volumen de ventas proyectado por la empresa nacional.

“Ante la marcada contracción de la demanda, si bien disminuyó sus costos operativos, las ventas proyectadas por la empresa para este año en curso fueron menores a las expectativas y la planificación y el flujo de caja esperado se descalzó de los compromisos de pago adquiridos con terceros (proveedores, entidades financieras, fisco, etc.), lo que derivó en el actual estado de iliquidez crítica e inestabilidad financiera que provoca un estado de cesación de pagos”, señalaron desde la firma en la presentación judicial.

El pasivo total denunciado por la sociedad asciende a $1.581 M, frente a un activo declarado de $1691 millones -compuesto en su mayoría por el stock de bienes de cambio en depósito y maquinarias de confección-.

El mapa de las acreedores se distribuye en cuatro rubros principales:

-Pasivos financieros y bancarios: suman $696,3 M, encabezados por compromisos vencidos con el Banco Credicoop, Banco Macro, Banco Provincia y Banco BBVA.

-Deudas fiscales y tributarias: representan $440,9 M, originados por el atraso e incumplimiento en planes de pago con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y la agencia de rentas porteña (Agip).

-Obligaciones laborales y previsionales: acumulan $315,7 M en concepto de aportes de la seguridad social, obra social, ART y contribuciones sindicales.

-Proveedores de bienes y servicios: alcanzan $128,6 M, divididos entre talleres externos de apoyo, insumos textiles e importadores de materia prima.

Según los últimos registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma acumula 10 cheques rechazados por un monto total de $20 M.

Instancia judicial

Frente a la acumulación de reclamos e intimaciones, la Justicia resolvió dictar medidas cautelares indispensables para salvaguardar la continuidad operativa de la empresa y mantener la equidad entre los acreedores.

Entre ellas, el juzgado libró comunicaciones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) informando la apertura del concurso preventivo con fecha del 14 de octubre, solicitando abstenerse de inhabilitar financieramente a la firma por multas generadas a partir de cheques diferidos librados con anterioridad a la presentación.

Tras decretarse la apertura del concurso, el juzgado determinó que los acreedores tendrán tiempo para solicitar la verificación de sus créditos ante la sindicatura hasta el 28 de diciembre. En tanto, la audiencia informativa clave previa al cierre del período de exclusividad fue fijada para el 10 de diciembre de 2027.