La defensa de los directivos de Vicentin habla de “excesivo punitivismo”

La defensa penal de los doce ex directivos de Vicentin sobre quienes la Unidad FIscal de Delitos Económicos de Rosario pidió penas de hasta 17 años de prisión por presuntos casos de estafa y asociación ilícita, argumentó este viernes que la estrategia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) contiene “exceso de punitivismo, al aludir que en la jurisprudencia argentina nunca se han vistos condenadas por ese monte en casos similares. Además indican que la acusación se mantiene estrictamente vinculada con el avance del concurso, es decir, a criterio de los abogados defensores, cada vez que existe una instancia decisiva en el trámite que se lleva adelante en el fuero civil y comercial se genera una avance en la instancia penal para complicar la chance de cristalización del acuerdo preventivo de pagos que promueve Vicentin.

Jorge Ilharrescondo, de basta trayectoria en el fuero penal fue el encargado de recoger el guante luego de la acusación que lleva la firma del fiscal Miguel Moreno y que solicitó para Daniel Buyatti 16 años de prisión; Alberto Macua, 16; para Roberto Gazze, 17, para Omar Scarel, 14; para Máximo Padoan, 12 años; para Cristian Padoan, 10; para Martín Colombo, 13; para Sergio Roberto Vicentin; 10 años; para Pedro Germán Vicentin,  10años; para Yanina Boschi, 10; para Javier Gazze, 8 años y para Miguel Vallaza 8 años.

“Hay que aclarar que esto no es un fallo, es un acto procesal de parte. Hay un fiscal que él entiende que tiene elementos que reunió durante tres años y medio en el marco de una invitación a fundamentar una acusación o llevar un tema a juicio y eventualmente culminado el mismo llevar una condena”, planteó el primer lugar el abogado en primer lugar y reconoció que la defensa “debe estudiar” el documentos que tiene 532 hojas que se difundieron este viernes 29 de diciembre en horas del mediodía.

Ahora bien, al margen del plexo probatorio que pone sobre la mesa el fiscal Moreno, una de las principales críticas que hace Ilharrescondo es en torno a la temporalidad de la acusación. “No me sorprende para nada ni el momento, ni la forma, ni la enjundia con la cual se materializa esta acusación, sobre todo porque se mantiene estrictamente vinculada con el avance del concurso”, expuso el letrado, en contacto con Punto biz.

El abogado instó en que “la Cámara Civil y Comercial de Reconquista tiene a fallo, habiendo escuchado todas las partes, la revisión de la denegatoria de la homologación del acuerdo preventivo de acreedores, y es en esta instancia es muy llamativo llegue una acusación, no solamente contra los directivos de la compañía, sino también contra los síndicos concursales.

Vale aclarar que el caso también salpica a los asistentes de la Justicia que fueron en su momento incorporados como síndicos en el proceso de concurso de acreedores de Vicentin en el fuero civil y comercial. Los contadores en cuestión fueron imputados en mayo de 2023. Así es que Moreno y Narvaja en la acusación de este viernes pidieron penas de 7 años para Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, que a juicio del MPA tuvieron un rol clave para que los ex directivos de la compañía pudiesen concretar las maniobras de estafa y asociación ilícita.

Ilharrescondo además reniega de las penas de prisión sugeridas por la Fiscalía. “Meten una acusación con penas de 17 años y yo en 30 años como profesor universitario, nunca observé una condena, ni siquiera en causa que tenga que ver con corrupción política, por eso monto. Con lo cual es un excesivo punitivismo, contrario a todo activo constitucional, desproporcionado, inventando figuras como la asociación ilícita”

“Yo veo inflación y fábrica de tipos penales, por un lado, y por otro lado, lo que estoy viendo es un ánimo de criminalizar deudas y arrinconar a Vicentín para que salga un acuerdo con aquellos que no aceptaron la propuesta homologatoria y quedarse estos últimos con la empresa”, mencionó el abogado en relación a los querellantes en la causa penal que en su mayoría son acreedores que decidieron no acompañar con sus avales el acuerdo preventivo de pago que motorizó Vicentin en el fuero civil.