La avícola Tres Arroyos pidió concurso y debe más de $150.000 M

Granja Tres Arroyos SA, la principal compañía del Grupo GTA y una de las mayores empresas avícolas del país, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. La presentación llevó a los tribunales comerciales una crisis que ya había golpeado las finanzas, la producción y la estructura laboral del holding controlado por la familia De Grazia.

El trámite quedó registrado bajo el expediente COM 018558/2026, caratulado “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”, y recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, Secretaría N° 42.

Los números que acompañaron la crisis mostraron la magnitud del problema. Según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía registra 6.702 cheques rechazados por $114.425 M y deudas bancarias por otros $41.827 M. Solo entre esos dos frentes, el rojo supera los $156.000 M.

La presentación de la empresa madre se produjo pocos días después de que Wade, la sociedad del grupo vinculada a los activos de la ex Cresta Roja, también solicitara ingresar en concurso preventivo. El movimiento extendió así el frente judicial a dos de las compañías que integran el entramado empresario.

El rojo financiero llegó a las plantas

La crisis financiera tuvo además impacto sobre la actividad industrial. El grupo atravesó durante el último año una reducción de operaciones, con plantas paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad y un proceso de ajuste sobre la dotación de personal en establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos.

En los telegramas enviados a trabajadores desvinculados, la empresa atribuyó la caída de la actividad a una fuerte disminución del trabajo provocada por factores que consideró extraordinarios. Entre ellos enumeró el impacto de la gripe aviar y el cierre de mercados de exportación, una mayor oferta en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el aumento de los costos.

La compañía también mencionó contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron los niveles de producción y faena. Según planteó en esas comunicaciones, las medidas implementadas para sostener la explotación y conservar puestos de trabajo no alcanzaron para revertir el deterioro económico, financiero y productivo.

El pedido de concurso dejó ahora la definición en manos de la Justicia Comercial. La solicitud apunta a encauzar judicialmente la situación con los acreedores después de que la presión financiera se trasladara al funcionamiento de una de las principales compañías de la industria avícola argentina.