Embargan a una firma portuaria por trasladar precursores químicos

El juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo ordenó un embargo de $100 M y fijó el plazo de un año para investigar a la empresa portuaria Terminales y Servicios SA, con base de operaciones en San Nicolás, por presuntas irregularidades en el transporte y almacenamiento de carbonato de sodio, una sustancia incluida en el listado de precursores químicos que utiliza el narcotráfico y por lo tanto está sujeto a control estatal. 

La pesquisa abarca una operatoria vinculada con más de 30.000 toneladas de ese producto y posibles incumplimientos de las obligaciones de registro, documentación y trazabilidad. Las operaciones bajo investigación comenzaron en noviembre del año pasado y fueron publicitadas como todo un logro por parte de Terminales y Servicios.

El carbonato de sodio es un compuesto químico que se utiliza masivamente en la fabricación de vidrio, jabones, tratamiento de aguas y en la actividad minera vinculada a la explotación de litio. Aunque no es un estupefaciente, está incluido en un listado de precursores químicos contemplados en el decreto nacional N°593/2019 (actualizado por el Decreto 128/26) que reglamenta el Renpre, por lo que su transporte y almacenamiento están sujetos a obligaciones específicas de registro y control. La fiscalía sostiene que en este caso no se siguieron procedimientos que son obligatorios.

La investigación tiene como imputados a la empresa Terminales y Servicios SA y a su presidente, por presunta infracción al artículo 44 bis de la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico que, específicamente, sanciona a quienes falseen u omitan presentar datos ante la autoridad de control. La atribución de responsabilidad a la empresa se sustenta en el artículo 27 de esa misma ley, que prevé la aplicación de multas a las personas jurídicas a través de las cuales se cometan delitos contemplados en la norma, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las personas humanas involucradas.

Terminales y Servicios SA es un operador portuario y logístico que opera fuerte en la región de Rosario. Opera puertos e instalaciones en Villa Constitución, Arroyo Seco, y Puerto San Martín, al tiempo que acogido al Rigi desarrolla un proyecto de puerto multipropósito en Timbúes. Sus operaciones también se extienden hacia el sur, en Quequén. Servicios Portuarios SA, que integra el grupo de empresas de la familia Ondarcuhu, obtuvo el año pasado una prórroga del contrato por 30 años para operar granos en el puerto de Rosario. 

Cómo avanzaron las investigaciones

La audiencia de formalización de las imputaciones, en la que intervino el titular de la sede descentralizada de San Nicolás, el fiscal federal Matías Di Lello, fue realizada el jueves pasado ante el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo.

Irregularidades bajo investigación

La pesquisa se inició a partir de un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 12 de junio pasado. Según los elementos reunidos, la operatoria involucró 30.038 toneladas de carbonato de sodio importadas por una empresa minera y transportadas desde el puerto mediante una flota de 31 camiones.

Entre las irregularidades detectadas, se encuentran la falta de inscripción de los vehículos y del depósito utilizado para almacenar parte de la mercadería en el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), y el empleo de camiones y choferes de una empresa tercerizada que no estaban registrados ante el organismo de control. También se advirtió que los traslados se realizaron sin los remitos comerciales correspondientes ni el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

Uno de los puntos bajo análisis es el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito de la firma que no contaba con la habilitación correspondiente.

La fiscalía también relevó diferencias de stock: 20 toneladas respecto de los registros aduaneros y otras 85 toneladas en los cruces de información con los depósitos de la firma. A su vez, se detectaron inconsistencias entre las fechas declaradas de arribo del buque, los pesajes portuarios y los registros aduaneros.

Según la información aportada por la empresa prestataria del servicio de geolocalización, 18 de los 31 camiones utilizados no tenían activo el sistema de GPS y, en los restantes, se detectaron desvíos de ruta que no habían sido informados.

Las actuaciones también incluyen presuntas inconsistencias en la documentación presentada para operar la carga, que habría sido declarada como fertilizante, y la falta de entrega de información requerida sobre el contrato comercial y la capacidad del depósito.

Luego de las actuaciones, la firma inscribió  al depósito y los vehículos secuestrados ante el Renpre, pero el organismo de control le impuso una multa de 504.688 pesos por los incumplimientos detectados, ratificando que el mero inicio del trámite no autoriza el acopio anticipado de sustancias controladas.

En el proceso penal, la sede fiscal descentralizada San Nicolás solicitó un embargo preventivo de 100 millones de pesos sobre el patrimonio de Terminales y Servicios SA, con el objetivo de asegurar las eventuales responsabilidades económicas derivadas de la causa.

Durante la audiencia, la defensa solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos constituían irregularidades de índole administrativa. Sin embargo, el juez compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal respecto de la materialidad de los hechos y las evidencias reunidas, dio por formalizada la investigación por considerar que la conducta encuadra en el artículo 44 bis de la Ley 23.737 y, además, hizo lugar al embargo preventivo de $ 100M solicitado por la fiscalía y fijó un año como plazo para el desarrollo de la investigación.