Negocios

Emprendimiento fallido

Diferencias societarias derivaron en la quiebra de agropecuaria

Patricio Dobal

Tradicional familia ganadera buscó incursionar en el negocio porcino pero un acreedor les terminó pidiendo la liquidación.

La Justicia de Rosario decretó la quiebra de RV Agropecuaria S.R.L., una sociedad de la familia ganadera Rodríguez Vidal que puso en marcha un emprendimiento de cría de lechones en San Jerónimo Sud. El juez en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación, Fernando Mecoli, dictó la resolución el 27 de octubre a pedido de un acreedor.

Según pudo reconstruir Punto biz a partir de fuentes al tanto de la operatoria, la sociedad se constituyó con la idea de desarrollar un negocio familiar de mayor escala. Su actividad se concentró en un criadero porcino que funcionó en un campo arrendado de dos hectáreas, con unas 50 madres y una producción prevista de alrededor de 100 lechones por camada. El proyecto quedó trunco tras diferencias con socios que participaban de ese emprendimiento y eran ajenos a la familia. Las fuentes consultadas vincularon el desenlace judicial con ese conflicto societario.

RV Agropecuaria tiene domicilio en Santiago al 200 en Rosario, y aunque desde la fallida firma insisten en que la SRL nació para meterse en el negocio porcino, figura en los registros vinculada a la cría de ganado bovino. En una publicación societaria de diciembre de 2011 aparecen como socios Patricio Martín Rodríguez Vidal, Rodolfo Horacio Rodríguez Vidal, Rosario Bárbara Inés Rodríguez Vidal, Rosario Ignacio Julián Rodríguez Vidal y Rosario María Luz Rodríguez Vidal.

Los Rodríguez Vidal también tienen operaciones ganaderas, principalmente en Entre Ríos, donde sus establecimientos acumulan un historial de campeones en la Exposición Rural de Palermo con ejemplares ovinos de la raza Dorper.

Qué dispuso el juzgado

Mecoli ordenó la inhibición general de bienes de la firma, su desapoderamiento y la confección de un inventario. También requirió información a los registros de inmuebles y automotores, y dispuso que, por intermedio del Banco Central, las entidades financieras informen si la sociedad operaba con ellas e inmovilicen los fondos que tuviera depositados a plazo.

En una segunda resolución, del 2 de noviembre, el juzgado fijó el 2 de febrero de 2027 como fecha límite para que los acreedores presenten sus solicitudes de verificación ante la sindicatura. El informe individual sobre los créditos deberá presentarse el 18 de marzo y el informe general, el 4 de mayo. El tribunal también le dio a la sindicatura un plazo de diez días para informar cómo se compone el activo y proponer una forma de liquidación de los bienes.

 

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