La Justicia declaró fracasada la licitación de dos inmuebles al margen de la planta central de la cooperativa que se la quieren quedar los empleados.
La liquidación de activos de la histórica láctea rosarina Cotar sumó un nuevo capítulo, aunque esta vez sin resultados favorables para la masa de acreedores. La Justicia declaró desierta la licitación de dos terrenos pertenecientes a la Sociedad Cooperativa de Tamberos de la Zona de Rosario, luego de que venciera el plazo para presentar ofertas sin que apareciera ningún interesado. Los inmuebles, ubicados sobre calle Gossweiler, habían sido ofrecidos con bases que, en conjunto, alcanzaban los u$s92.250.
La decisión fue adoptada por la jueza María Silvia Beduino, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 17ª Nominación de Rosario, en el marco del incidente de realización de bienes de la cooperativa, cuya quiebra fue declarada en junio de 2023.
La compulsa comprendía dos propiedades que no forman parte del conjunto de activos que los trabajadores de Cotar pretenden adquirir para continuar con la explotación de la fábrica. El primero de los inmuebles está ubicado en Gossweiler 226, anteriormente identificado con el número 52. Se trata de un terreno de 404,80 m2, con 10 metros de frente y 40,48 metros de fondo, que salió a licitación con una base de US$55.000. La propiedad no registra hipotecas, aunque sobre ella pesa un embargo originado en un expediente laboral iniciado contra la cooperativa quebrada.
El segundo terreno está situado en Gossweiler 62 y tiene una superficie total de 230,23 m2. Su particularidad es que está compuesto por un lote interno de 202,40 m y una fracción de 27,83 m2 que permite el acceso desde el pasaje. En este caso, la base establecida para recibir ofertas fue de US$37.250. Ambos inmuebles se encuentran en el entorno de la planta industrial de Cotar y fueron incluidos en un procedimiento de venta separado del resto de los bienes de la empresa.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, el plazo para presentar propuestas económicas y constituir las correspondientes garantías venció el 5 de noviembre sin que se recibiera una sola oferta. La ausencia de interesados fue certificada por la Secretaría del juzgado y derivó en una resolución dictada el 11 de noviembre, mediante la cual Beduino declaró desierta la licitación y dejó sin efecto la audiencia de apertura de sobres prevista para el día siguiente.
Frente al fracaso de la compulsa, la martillera Lydia Giorgi y su colaborador David Boschi presentaron una alternativa para intentar concretar la liquidación de las propiedades. Propusieron reemplazar el procedimiento licitatorio por una subasta pública, manteniendo inicialmente las bases de US$55.000 y US$37.250. La iniciativa contempla que, si no aparecen postores por esos valores, se aplique una reducción del 25% sobre las bases originales. De prosperar ese mecanismo, el primer terreno podría ofrecerse desde US$41.250 y el segundo desde US$27.937,50. Sin embargo, la subasta todavía no fue autorizada. La magistrada dispuso correr vista a la sindicatura para que se expida sobre la propuesta antes de adoptar una nueva decisión.
Los trabajadores buscan quedarse con la planta
El intento fallido de venta de estos dos terrenos transcurre en paralelo a otro frente del proceso concursal: el interés de los empleados de Cotar, nucleados en la Cooperativa de Trabajo Nueva Cotar de la Gente, por quedarse definitivamente con la planta industrial y otros activos vinculados a la producción.
Los trabajadores asumieron la explotación de la fábrica en 2022, antes de que se declarara la quiebra de la cooperativa original, y desde entonces vienen sosteniendo su funcionamiento bajo un esquema de gestión cooperativa.
En ese contexto, presentaron una propuesta para adquirir el establecimiento industrial mediante un mecanismo que contempla la utilización de créditos laborales como parte de pago. La iniciativa busca que los trabajadores pasen de administrar la unidad productiva a convertirse en propietarios de los bienes necesarios para continuar la actividad.
La Justicia avanzó con una resolución favorable a esa propuesta, aunque la transferencia definitiva quedó sujeta al cumplimiento de condiciones económicas y judiciales. Entre ellas figura la necesidad de afrontar cerca de $1.600 M en gastos de conservación y justicia.
En paralelo al avance judicial para quedarse con la planta, los trabajadores de Nueva Cotar de la Gente consiguieron un respaldo financiero del Gobierno de Santa Fe, que otorgó un crédito de $100 M a través de la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR). Los fondos estarán destinados a obras de infraestructura energética interna y mejoras en una de las líneas de producción, con el objetivo de recuperar capacidad operativa y fortalecer la continuidad industrial.
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