El juez Alejandro Negroni hizo lugar a una mínima parte del planteo de la defensa del financista.
La defensa del financista rosarino Daniel Andrés Casanovas consiguió un resultado favorable, aunque limitado, en su intento de cerrar por prescripción la causa penal que investiga millonarias maniobras de fraude. El miércoles, el juez Alejandro Negroni resolvió sobreseer al empresario por seis hechos de colusión del deudor vinculados con el concurso preventivo de Cereales del Sur, pero rechazó el planteo respecto del grueso de los delitos económicos que le atribuye la Fiscalía. De esta manera, Casanovas, que permanece detenido bajo prisión preventiva, continuará sometido a la investigación por la mayoría de las acusaciones que pesan en su contra.
La resolución se conoció después de una audiencia que comenzó antes de las y concluyó a las pasadas las 13 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Durante la jornada, los abogados defensores retomaron sus argumentos sobre el vencimiento de los plazos legales para perseguir penalmente determinadas maniobras, mientras que la Fiscalía y los querellantes insistieron en que la acción penal continuaba vigente.
Finalmente, Negroni hizo lugar parcialmente al planteo y declaró extinguida por prescripción la acción penal correspondiente a seis episodios de colusión, previstos en el artículo 180 del Código Penal. Los hechos alcanzados por el sobreseimiento son los identificados en la investigación con los nombres de Schreiner, Vínculos SGR, Mutual Cañada Rosquín, Mutual Libertad de Sunchales, Colinet Trotta y Norma Leonor Johansen.
Se trata de seis operaciones que formaban parte de la acusación por presuntos acuerdos irregulares celebrados con acreedores durante el concurso preventivo de Cereales del Sur. Según la hipótesis fiscal, Casanovas habría ofrecido ventajas económicas particulares a determinados acreedores para obtener sus conformidades y alcanzar las mayorías necesarias para aprobar los acuerdos concursales.
Sin embargo, el magistrado consideró que, en esos seis casos específicos, correspondía declarar extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo. La decisión quedó circunscripta exclusivamente a esos episodios y no alcanzó al resto de las maniobras que integran la investigación.
Ese fue precisamente el punto más relevante del desenlace judicial. Negroni rechazó el pedido de sobreseimiento de Daniel Casanovas, Samanta Verónica Bravo y Silvina Mariela Casanovas respecto de todos los restantes hechos tratados durante la audiencia. En consecuencia, la defensa no logró su objetivo principal de dejar fuera del proceso una porción sustancial de las acusaciones mediante el argumento de la prescripción.
La definición judicial representa un nuevo capítulo de una discusión que comenzó el 7 de agosto y continuó el 8 de octubre. En aquellas jornadas, los abogados de Casanovas habían desarrollado una extensa argumentación para sostener que buena parte de las maniobras investigadas habían quedado fuera de los plazos legales para su persecución penal.
El planteo comprendía más de veinte hechos individualizados dentro de las investigaciones por estafas y administración fraudulenta, además de numerosos episodios de colusión vinculados con los concursos preventivos de Cereales del Sur S.A. y Rosario E-Trade S.A.
La estrategia defensiva se apoyó en una interpretación sobre el momento en que debían comenzar a computarse los plazos de prescripción. Los abogados del financista sostuvieron que determinadas operaciones financieras debían considerarse hechos independientes, cada uno con su propia fecha de consumación.
Bajo ese criterio, si un inversor había realizado sucesivas entregas de dinero en distintos momentos, cada desembolso podía constituir una maniobra individual y, por lo tanto, tener un plazo de prescripción diferente. Esa interpretación buscaba retrotraer el inicio del cómputo a las primeras operaciones realizadas por los damnificados.
La Fiscalía, representada por María Teresa Granato, y los abogados querellantes sostuvieron una posición diferente. Para las partes acusadoras, determinadas maniobras constituían una única defraudación desarrollada a lo largo del tiempo, mediante la cual los inversores habrían permanecido bajo un mismo engaño mientras efectuaban sucesivos aportes de capital.
Desde esa perspectiva, el plazo de prescripción debía analizarse teniendo en cuenta el desarrollo completo de cada maniobra y no necesariamente cada entrega de dinero por separado. Además, las partes acusadoras defendieron los efectos interruptivos de los llamados a audiencia imputativa realizados durante la investigación.
El debate se extendió durante varios meses y llegó a su instancia decisiva este miércoles, cuando el abogado defensor Rodrigo Reyna desarrolló su réplica. Durante la exposición se produjeron objeciones de la querella, particularmente de Sabrina Superti, y posteriormente intervinieron la Fiscalía y los abogados Guillermo Mionnet y Mariano Pujol para responder los argumentos defensivos.
Tras escuchar a las partes, Negroni resolvió admitir la prescripción únicamente respecto de los seis episodios de colusión mencionados, mientras que desestimó los restantes pedidos de sobreseimiento.
La causa penal contra Casanovas reúne acusaciones por estafas reiteradas, administración fraudulenta y colusión del deudor, derivadas de operaciones financieras y comerciales realizadas a través de distintas sociedades vinculadas con el empresario.
Uno de los principales capítulos de la investigación está relacionado con la captación de inversiones mediante instrumentos respaldados por certificados de depósito de granos y warrants emitidos por Compañía Argentina de Warrants S.A., una de las firmas del entramado societario del financista.
Según la acusación, numerosas operaciones fueron ofrecidas a particulares y empresas bajo promesas de rentabilidad y garantías que posteriormente no pudieron ejecutarse. También se investigaron colocaciones financieras respaldadas por cheques de pago diferido y operaciones cuyos fondos no fueron restituidos a los inversores.
Otro frente de la investigación comprende las presuntas irregularidades cometidas durante los concursos preventivos de Cereales del Sur y Rosario E-Trade. En ese capítulo, la Fiscalía atribuyó originalmente a Casanovas 41 hechos de colusión del deudor, vinculados con acuerdos particulares celebrados con acreedores para obtener las conformidades necesarias para aprobar las propuestas concursales.
Los convenios investigados habrían contemplado pagos anticipados, cesiones de créditos, entrega de bienes, arrendamientos de campos y otras ventajas económicas que no estaban disponibles para el conjunto de los acreedores. La acusación sostiene que esos beneficios diferenciados habrían permitido conseguir votos favorables en perjuicio de quienes debían someterse a las condiciones generales de los acuerdos preventivos.
La investigación también involucra a Samanta Bravo, esposa del financista y exdirectiva de sociedades del grupo, y a Silvina Casanovas, hermana del principal acusado. Ambas habían sido incluidas en los planteos de prescripción formulados por las defensas, pero el juez rechazó sus pedidos de sobreseimiento respecto de los hechos analizados.
La resolución abre ahora una nueva etapa procesal. Durante la discusión sobre la prescripción habían quedado suspendidos los plazos para contestar la acusación fiscal y para que los querellantes presentaran sus respectivos requerimientos. Una vez que la decisión judicial quede firme, el expediente podrá retomar su recorrido hacia la audiencia preliminar, instancia previa a la eventual apertura del juicio oral.
De todos modos, la resolución no implica una declaración de culpabilidad sobre los hechos que continúan bajo investigación. El juez se pronunció sobre la vigencia de la acción penal y no sobre la responsabilidad definitiva de los imputados, cuestión que deberá resolverse en las instancias posteriores.
Para Casanovas, el balance de la audiencia deja un escenario mixto. Su defensa logró cerrar definitivamente, sujeto a la firmeza de la resolución, seis episodios de colusión por el vencimiento de los plazos legales, pero no consiguió desactivar la mayor parte del expediente.
El grueso de las acusaciones por delitos económicos continúa en pie y el financista sigue bajo prisión preventiva, mientras la causa se aproxima a una instancia decisiva para determinar cuáles de las maniobras investigadas serán finalmente sometidas a juicio oral.
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