Contrabando: estiman una pérdida fiscal igual al 55% de las retenciones

El contrabando y la subfacturación de importaciones generarían este año una pérdida de recaudación de u$s2.855 M, equivalente al 0,4% del PBI, según un relevamiento de la consultora MAP sobre 15 sectores de la economía argentina. El estudio advierte que el fenómeno se convirtió en un problema estructural para las empresas que operan en regla, que enfrentan competencia desleal en un contexto de debilidad del consumo.

El mayor impacto fiscal se concentra en bebidas espirituosas, con u$s1.400 M, seguidas por indumentaria, con u$s470 M; celulares, con u$s255 M; cigarrillos, con u$s230 M, y agroquímicos, con u$s205 M. La estimación comprende únicamente los rubros relevados: la consultora señala que hay otras actividades para las cuales no dispone de información suficiente.

La penetración de la mercadería ilegal varía según el producto. MAP calcula que el contrabando representa el 83% del mercado de perfumes árabes, el 40% del de celulares y el 33% del de juguetes. En agroquímicos y yerba mate alcanza el 15%, mientras que en bebidas espirituosas llega al 13%, en tabaco y neumáticos al 11% y en calzado deportivo al 10%.

Otra modalidad es la subfacturación, que consiste en declarar las importaciones por debajo de su valor real. Según el informe, afecta al 30% de las importaciones textiles y de marroquinería, al 25% de las de televisores y al 22% de las de pequeños electrodomésticos. En calzado no deportivo la proporción es del 17% y en línea blanca, del 16%.

“El contrabando está instalado y empeoró”, sostuvo Juan Pablo Ronderos, titular de MAP. Aunque manifestó su apoyo a la apertura comercial y a la simplificación de trámites, cuestionó lo que definió como una “desregulación exagerada” en algunos casos. El estudio vincula el agravamiento del problema con cambios en los controles aduaneros y con deficiencias de larga data, como tecnología obsoleta y falta de capacitación en puertos y fronteras.

Para dimensionar la pérdida fiscal, la consultora calculó que equivale al 55% de lo recaudado por retenciones o al 10% de los ingresos que obtienen las provincias por Ingresos Brutos. También estimó que el fenómeno impide generar 11.300 empleos formales. Ronderos advirtió que estas prácticas logran sostenerse incluso cuando se achican los mercados y cae la demanda.

El tema forma parte de la agenda de la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y motivó un acuerdo entre el Gobierno, cámaras empresarias y plataformas para combatir el comercio ilegítimo en canales digitales. Entre los firmantes figuran Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar, junto con entidades de la industria, el comercio, los importadores y los supermercados.

El convenio apunta a enfrentar el contrabando, las falsificaciones y el fraude marcario en el comercio electrónico. Para las empresas formales, el problema se traduce en pérdida de ventas y una competencia que elude obligaciones tributarias y costos de cumplimiento. Para los consumidores, el informe advierte sobre productos sin garantía y posibles riesgos de seguridad y salud.