El Gobierno sube los precios de los biocombustibles, y la ley sigue trabada

El Gobierno nacional oficializó una suba cercana al 2% en los precios del biodiésel y del bioetanol destinados a la mezcla obligatoria con combustibles. Los nuevos valores rigen desde noviembre y llegan en medio de las negociaciones por una reforma de la ley de biocombustibles que todavía no logró avanzar en el Congreso.

La Secretaría de Energía estableció, mediante las resoluciones 306/2026 y 307/2026 publicadas en el Boletín Oficial, un precio de $2.074.474 por tonelada para el biodiésel utilizado en la elaboración de gasoil. El monto representa un incremento del 2,07% frente a los $2.032.310 que regían durante octubre.

Para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar, el precio mínimo de adquisición pasó de $1.083,222 a $1.104,886 por litro. En tanto, el producido a base de maíz aumentó de $992,806 a $1.012,662 por litro. En ambos casos, el ajuste fue del 2%.

Las disposiciones también mantuvieron los plazos máximos de pago para las operaciones comerciales. En el caso del biodiésel, las empresas compradoras disponen de hasta siete días corridos desde la emisión de la factura, mientras que para el bioetanol el límite es de 30 días.

La actualización respondió a las condiciones del mercado y a la necesidad de revisar posibles diferencias entre los precios establecidos y los costos reales de producción. Los valores permanecerán vigentes hasta que se publiquen nuevas resoluciones que los reemplacen.

Una reforma que divide al sector

El ajuste llegó mientras la Cámara de Diputados continúa discutiendo el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, luego de que el proyecto obtuviera media sanción en el Senado. La iniciativa propone elevar los porcentajes de mezcla obligatoria al 10% para el biodiésel y al 15% para el bioetanol.

Sin embargo, el tratamiento legislativo encontró resistencia entre las empresas de menor escala. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) rechazó el texto aprobado por la Cámara alta al considerar que perjudica a las pymes del sector y que no refleja un acuerdo entre todos los actores de la actividad.

Las diferencias impidieron alcanzar un dictamen en las comisiones de Diputados y obligaron a continuar las negociaciones. Así, mientras los nuevos precios ya están definidos para noviembre, el futuro del régimen que regula la producción y comercialización de biocombustibles sigue sin resolverse.