Contadores crearon inédita plataforma para cumplir normas antilavado

Un grupo de contadores rosarinos desarrolló una plataforma inédita en el país para ayudar a cumplir con las normas antilavado a todos aquellos sujetos obligados que no son bancos: estudios contables, escribanías, mutuales, cooperativas y sociedades de capitalización y ahorro, entre otros. La regtech se llama Conlaft y fue impulsada por cinco jóvenes socios: Francisco Cascales, Francisco José Adoratti, Fabricio Augusto Cantiani, Horacio Di Paolo y Franco Trigo. Vieron un vacío enorme en materia de herramientas tecnológicas para este segmento y gestaron un modelo que ya es autosustentable en términos de rendimiento económico.

“Nosotros en Conlaft nos dedicamos a desarrollar software para el cumplimiento normativo de la Ley 25.246, que es la ley de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, resumió Adoratti en diálogo con Punto biz. La plataforma apunta a facilitar el cumplimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) a quienes deben reportar operaciones sospechosas y hoy, en muchos casos, lo hacen con planillas caseras o procesos desordenados.

El contexto regulatorio explica buena parte de la oportunidad. A principios de 2024 se actualizó el paquete normativo que regula cómo debe actuar cada sujeto obligado, con cambios profundos en enfoque y contenido. “Como cambiaron rotundamente las normas, les dieron un plazo para adecuarse. La UIF ya está fiscalizando y para 2026 este tema va a tener muchísima más importancia porque, a criterio del organismo, el período de adecuación ya fue suficiente”, advierte Adoratti.

Hasta ahora, las soluciones tecnológicas existentes apuntaban casi exclusivamente al sistema financiero. “Para el sector bancario hay dos o tres sistemas que ya operan, pero son sólo para bancos”, detalla. Conlaft viene a ocupar el espacio de los demás sujetos obligados: contadores, escribanos, mutuales, cooperativas, sociedades de ahorro y capitalización, estudios jurídicos y otros profesionales y entidades alcanzados por el artículo 20 de la Ley 25.246.

La chispa del proyecto se encendió en la universidad. Tres de los cinco socios se recibieron de contadores y licenciados en Administración en la Universidad Austral, donde cursaron una materia de emprendimientos. “Primero fue una idea de clase, no creíamos que íbamos a llegar tan lejos como estamos hoy”, recuerda Adoratti. La oportunidad se volvió concreta cuando uno de los socios, dueño de un estudio contable y sujeto obligado, se encontró de frente con el nuevo esquema regulatorio de 2024 y detectó que no contaba con una herramienta a la altura de las exigencias.

A partir de esa necesidad empezaron a diseñar el sistema: primero la parte visual y de procesos, y luego, durante un año largo, el desarrollo de la plataforma. A principios de 2025 salieron al mercado y hoy ya trabajan con un grupo de clientes que incluye entre 10 y 20 estudios contables, además de cooperativas, mutuales y un grupo económico con sociedad de capitalización, inmobiliaria y agencia de cambio.

El modelo de negocio también marca diferencias respecto de las soluciones para bancos. “En el mundo bancario se suele cobrar un fee de ingreso más un mantenimiento mensual. Nosotros, por el perfil de nuestros clientes, vamos directo a un abono mensual que incluye mantenimiento, actualización del sistema y servicio de consultoría”, explica el socio. El acceso es 100% web, similar a un homebanking, y se ofrece un entorno de prueba para que el profesional pueda testear la herramienta antes de contratar.

En la práctica, la plataforma permite gestionar toda la cadena de cumplimiento: recabar información del cliente, analizarla, armar la matriz de riesgo, completar el legajo, monitorear operaciones y emitir los reportes que exige la UIF. A eso se suma soporte en la confección de manuales de procedimientos internos, informes de autoevaluación de riesgo y capacitaciones, un combo pensado para estudios chicos y medianos y entidades que no tienen departamento de compliance propio.

En el back-end, Conlaft se integra por API con bases de datos públicas de organismos como AFIP (emisores de facturas apócrifas), BCRA, CNV y registros de sancionados por UIF, además de listas internacionales. “La idea es que, poniendo sólo el CUIT del cliente o asociado, el sistema devuelva toda la información pública relevante para hacer un análisis riguroso del riesgo de lavado”, explica Adoratti.

Uno de los puntos distintivos es la decisión de no apoyarse por ahora en inteligencia artificial ni machine learning, pese a que la pregunta aparece en cada capacitación. “La IA puede confundir a una persona sólo porque tiene un nombre parecido a alguien famoso o con antecedentes, y en este rubro no hay margen para errores de ese tipo”, argumenta. El diferencial pasa, subraya, por trabajar con fuentes oficiales y trazables, y por un soporte normativo sólido antes que por “cajas negras” algorítmicas.

Todo el desarrollo se financió con capital propio de los socios, complementado sólo con algunos pequeños aportes no reembolsables obtenidos en convocatorias para emprendedores. “Hoy la empresa se está autofinanciando y casi que recuperamos la inversión inicial. La idea es seguir creciendo reinvirtiendo utilidades”, apunta. En el horizonte aparece la expansión regional: como las normas antilavado de América Latina comparten una lógica similar, el equipo ya imagina, a cinco o diez años, versiones de Conlaft adaptadas a otros países.

Mientras tanto, el foco está puesto en seguir evangelizando a los sujetos obligados no bancarios sobre la severidad de las nuevas reglas y en aprovechar un nicho donde, hasta ahora, nadie había pensado una regtech “a medida” de contadores, mutuales y cooperativas.