Cambia el régimen aduanero y aumenta el control al origen de importaciones

La reciente modificación del Código Aduanero publicada en el Boletín Oficial incorporó un cambio de peso en la arquitectura del comercio exterior argentino: la determinación del origen de las mercaderías dejará de estar bajo la órbita de la Dirección General de Aduanas y pasará a depender de la Secretaría de Industria y Comercio, área que coordina Pablo Lavigne.

Se trata de un trámite clave, ya que de esa definición surge el tratamiento impositivo que se aplica a cada importación. El origen de un bien no solo determina el arancel que paga al ingresar al país, sino también si accede a preferencias comerciales, cuotas específicas o eventuales medidas antidumping.

La Secretaría de Industria y Comercio no cuenta con un único titular, sino que está estructurada en cuatro subsecretarías. Actualmente, Daniela Ramos está al frente de Industria; Carolina Cuenci conduce Comercio Exterior; y Fernando Blanco Muiño encabeza Defensa de la Competencia y Lealtad Comercial. La Subsecretaría de Gestión de Política Productiva permanece vacante tras la renuncia de Ignacio Cardini.

El cambio cobra especial relevancia en un contexto de aumento de las importaciones de bienes terminados. En la práctica, la determinación de origen busca evitar maniobras de triangulación comercial, en las que un producto fabricado en un país intenta ingresar como originario de otro que cuenta con un acuerdo de preferencias arancelarias.

En el caso argentino, el acuerdo de libre comercio del Mercosur es el principal marco de referencia. La Secretaría podrá intervenir, por ejemplo, para definir si una mercadería califica como originaria de Brasil, Paraguay o Uruguay, aun cuando incorpore insumos de terceros países. Algo similar ocurre con otros acuerdos de preferencias vigentes.

La complejidad del comercio internacional hace que la mayoría de los productos —salvo materias primas— no sean fabricados íntegramente en un solo país. En el Mercosur, la proporción de contenido regional es determinante: un caso típico es el de los autos producidos en la Argentina, que con apenas entre 25% y 30% de componentes nacionales alcanzan para ser considerados de origen regional.

Desde el punto de vista operativo, la determinación del origen resulta clave para asignar correctamente aranceles, administrar cupos de importación, aplicar medidas antidumping automáticas en ciertos casos y definir controles sanitarios. Según fuentes del sector, el Gobierno prevé reforzar este tipo de chequeos durante el año, aun dentro de una política general de apertura comercial.

En paralelo, el DNU 41 también ordenó el régimen de resoluciones anticipadas en materia de posición arancelaria. El nuevo marco no introduce cambios de fondo, pero establece mayor previsibilidad para los importadores, ya que fija un plazo máximo de 30 días para que la Aduana defina cómo debe encuadrarse una mercadería cuando existen dudas sobre su clasificación.

Con estos ajustes, el Ejecutivo busca dotar de mayor claridad normativa al sistema aduanero y reforzar el control técnico de un aspecto sensible del comercio exterior, que ahora quedará bajo la órbita directa de la Secretaría que coordina Lavigne.