La agroexportadora pagó inicialmente el canon para hacer una propuesta propia aunque no avanzó en esa idea.
En una definición que se sigue voto a voto de cara al proceso de salvataje de Vicentin SAIC, la agroexportadora Bunge Argentina decidió respaldar la propuesta del Grupo Grassi. Según pudo confirmar Punto biz en off a través de fuentes ligadas a la familia Grassi, el gigante del comercio de granos —que había abonado el canon para habilitar su participación en el cramdown— optó por acompañar la hoja de ruta delineada por el grupo rosarino.
De acuerdo con las mismas fuentes, el entendimiento entre Bunge y Grassi responde a un acuerdo de carácter comercial post cramdown, que implicará cooperación operativa y logística en caso de que la propuesta de Grassi resulte ganadora. La confirmación llega luego de que, en los últimos días, la multinacional ya hubiera dado señales de respaldo al plan de continuidad presentado por el grupo local, en línea con su estrategia de fortalecimiento de alianzas regionales.
La decisión se da en un contexto de alta tensión dentro del expediente, con denuncias cruzadas entre oferentes, impugnaciones de acreedores y una pulseada voto a voto por el control del histórico conglomerado agroindustrial de Avellaneda.
En total, fueron cinco las empresas que abonaron el canon exigido por el juez Fabián Lorenzini para participar del cramdown y quedar habilitadas a presentar oferta: Grupo Grassi, Molinos Agro, Louis Dreyfus Company (LDC), Bunge Argentina y la Unión Agrícola Avellaneda (UAA). Con el correr de las semanas, solo las tres primeras avanzaron en la elaboración de propuestas concretas, mientras que UAA (con el tándem Molinos-LDC)y Bunge (con Grassi) optaron por negociar su participación dentro de los esquemas planteados por los oferentes principales.
La propuesta de Grassi SA plantea una salida productiva y participativa basada en tres pilares centrales: la conversión de pasivos en pesos a dólares al tipo de cambio de febrero de 2020 ($60,78), la participación activa de los acreedores mediante entrega de granos o financiamiento —lo que permite alcanzar recuperos de hasta el 200% del crédito original— y un menú flexible de opciones de pago en dinero, con recuperos del 30% al 40% en diez años y pagos inmediatos del 9% al 11% con cupos limitados.
El plan prevé también beneficios adicionales para los acreedores que financien capital de trabajo —que podrían llegar a recuperar el 100% de sus créditos— y una opción de capitalización de hasta el 30% del capital social de Vicentin, a través de un fideicomiso con derecho de recompra por parte de Grassi. La oferta está acompañada por un esquema de fideicomisos de abastecimiento de soja y líneas de financiamiento a productores, con el objetivo de sostener la continuidad de las plantas y la cadena de valor.
La movida de Bunge fortalece el frente del grupo rosarino justo cuando la otra gran propuesta en competencia, la de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), avanza en la captación de adhesiones con una estrategia más financiera que productiva. Esa oferta contempla pagos inmediatos del 80% de la deuda verificada en dólares a los 30 días de la homologación judicial, con la posibilidad de alcanzar el 90% de recupero en tres años a una tasa del 4% anual.
Mientras Molinos-LDC priorizan la liquidez rápida y la estabilidad del sistema exportador, Grassi propone un modelo de reconstrucción con protagonismo de acreedores y productores, que ahora suma el peso de Bunge como socio estratégico. La definición del cramdown se acerca a su punto decisivo y cada apoyo se vuelve determinante en una de las compulsa empresariales más trascendentes de los últimos años en la agroindustria argentina.
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