A concesionaria de autos floja de papeles le rechazaron el concurso

El juez Mauro Raúl Bonato rechazó el pedido de apertura del concurso preventivo presentado por Rosario Motorsport SAS, la concesionaria investigada penalmente por presuntas estafas cometidas contra clientes que entregaron vehículos, dólares y pesos sin recibir las unidades acordadas. La resolución del Juzgado Civil y Comercial de la 10ª Nominación significa un fuerte revés para la firma, que pretendía reorganizar judicialmente sus obligaciones y canalizar dentro del proceso universal los numerosos reclamos promovidos por sus clientes mientras era observada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el andarivel penal.

Después de analizar la documentación, Bonato concluyó que Rosario Motorsport incumplió requisitos esenciales de la Ley de Concursos y Quiebras. El magistrado describió un “cuadro de opacidad informativa” que impidió establecer la verdadera dimensión del pasivo, la composición del patrimonio y las circunstancias concretas que llevaron a la cesación de pagos. El rechazo implica que Rosario Motorsport no queda bajo el paraguas del concurso preventivo. Por lo tanto, los acreedores podrán continuar con sus reclamos individuales y no deberán someterse, al menos por ahora, a un proceso de verificación ante una sindicatura.

La resolución puede ser recurrida por la empresa. El fallo tampoco implica que se haya decretado su quiebra: el juez se limitó a rechazar la apertura del concurso solicitado.

Tres incumplimientos decisivos

El magistrado fundó su decisión en el incumplimiento de tres requisitos contemplados en el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras.

El primero fue la falta de una explicación completa, precisa y circunstanciada sobre las causas y la época de la cesación de pagos. El segundo, la ausencia de una exposición detallada y valorada del activo y el pasivo. El tercero, las graves deficiencias detectadas en la nómina de acreedores.

La empresa había atribuido su crisis a un “desfasaje financiero” provocado por atrasos en la entrega de vehículos por parte de terminales y proveedores, la viralización de los reclamos en redes sociales, una retracción del consumo y el aumento de sus costos operativos.

Para el juez, esos argumentos no superaron el nivel de “menciones superficiales” y “generalizaciones abstractas”. La firma no explicó en forma concreta cómo se originó la insolvencia, cuál fue su extensión ni cómo se relacionaba con las operaciones comerciales efectivamente realizadas.

Bonato remarcó que el reconocimiento de la cesación de pagos formulado por los propios administradores no bastaba para abrir el concurso. La insolvencia declarada por la empresa no resulta vinculante si el juzgado considera que no fue suficientemente demostrada.

Inconsistencias millonarias

Uno de los puntos más relevantes del fallo aparece en el análisis de la documentación aportada para acreditar el pasivo. Rosario Motorsport había declarado inicialmente contratos pendientes de cumplimiento por $206,8 M y u$s1.117.970. Sin embargo, la suma de los legajos de acreedores presentados en el expediente arrojó obligaciones por $3.057 M y u$s1.013.120.

El juez calificó esa diferencia como una “insalvable inconsistencia” entre el pasivo informado por la sociedad y el que surgía de su propia nómina de acreedores.

Las irregularidades no se limitaron a los totales. De los 103 legajos presentados por Rosario Motorsport, ninguno consignaba las fechas de vencimiento de las obligaciones. Además, 34 carecían de documentación respaldatoria.

Otros cinco legajos no indicaban el monto de las acreencias y en ocho casos los datos consignados no coincidían con los documentos acompañados, con diferencias en nombres o cifras.

El juzgado también detectó acreencias duplicadas. Dos pares de legajos correspondían a las mismas obligaciones. A eso se sumaron 17 boletos de compraventa presentados sin un legajo asociado y sin fecha de vencimiento, por lo que no fue posible establecer si integraban el pasivo actual de la compañía.

“La ausencia absoluta de fechas de vencimiento en la totalidad de las obligaciones, la falta de soporte documental en más de un tercio de la nómina y las contradicciones numéricas con el pasivo denunciado desnaturalizan por completo la finalidad de la norma”, sostuvo Bonato.

Un patrimonio sin detalles

El juez también cuestionó la forma en que la compañía describió sus activos. Rosario Motorsport informó un activo corriente de $537.325, créditos por cobrar por $32,5 M, muebles y útiles valuados en $8,65 M y aportes comprometidos por los socios por $5 M. Además, declaró un pasivo de $4,17 M correspondiente al último balance.

Para Bonato, la presentación consistió en una enumeración global de saldos y categorías que no permitía conocer la realidad económica de la empresa. La ley exige una composición detallada, analítica y valorada de cada uno de los bienes.

El magistrado señaló que quien pretende acceder a los beneficios excepcionales de un concurso debe exhibir una situación patrimonial clara, actualizada y transparente. Esa información resulta necesaria para que los acreedores puedan evaluar la viabilidad de una futura propuesta de pago.

El fallo también cuestionó que la concesionaria no hubiese aportado “ni siquiera una guía” sobre la forma en que proyectaba cumplir sus obligaciones.

El allanamiento no justificó las omisiones

Rosario Motorsport argumentó que no podía completar la información porque durante el allanamiento realizado el 26 de agosto la Fiscalía había secuestrado las computadoras del área administrativa y documentación comercial.

La firma pidió una suspensión de los plazos para reconstruir los datos requeridos. El juzgado rechazó la solicitud porque ya le había otorgado la prórroga improrrogable prevista por la legislación concursal.

Bonato indicó, además, que los requisitos debían haber sido satisfechos al momento de presentar la demanda, que fue anterior al allanamiento. También observó que la empresa sólo acompañó el oficio que autorizó el procedimiento, pero no el acta que acreditara exactamente qué documentación había sido secuestrada.

A pesar de invocar esa imposibilidad, Rosario Motorsport volvió a presentar los legajos. La nueva entrega reprodujo las mismas deficiencias detectadas anteriormente.

Para el juez, no se trataba de “meras omisiones formales subsanables”, sino de irregularidades graves y generalizadas que impedían poner en funcionamiento un proceso concursal.

El reclamo de los abogados

Antes de la definición, alrededor de una decena de abogados que representan a clientes de Rosario Motorsport habían comparecido en el expediente. Algunos formularon oposiciones expresas a la apertura, mientras que otros acreditaron el interés legítimo de sus representados, pidieron acceso a la causa o reservaron futuras impugnaciones.

Los letrados sostenían que el concurso podía terminar funcionando como una herramienta para paralizar o diluir las consecuencias patrimoniales de maniobras investigadas penalmente.

El juzgado había aclarado que esas oposiciones no podían ser formalmente sustanciadas en la etapa preliminar, porque el control previo se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte del deudor.

Finalmente, el concurso no fue rechazado por las denuncias de los acreedores ni por una valoración sobre la eventual existencia de delitos. Bonato tomó la decisión por las deficiencias de la propia presentación de Rosario Motorsport y el incumplimiento de los recaudos previstos en la ley.

Entregaron un usado, dólares y pesos

Punto biz accedió a una de las denuncias presentadas ante el MPA. En ella, una pareja —cuya identidad se preserva— relató que el 26 de marzo firmó un contrato con Rosario Motorsport para adquirir una Ford Territory Titanium cero kilómetro, modelo 2026.

Como parte de pago entregaron un Toyota Corolla modelo 2024, el formulario 08 firmado, u$s6.000 y $1,83 M en efectivo. La camioneta prometida nunca fue entregada, pese a las reiteradas fechas anunciadas por la concesionaria.

Los denunciantes estimaron su perjuicio particular en unos $45 M. También afirmaron que, después de efectuar consultas ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, descubrieron que el Corolla había sido transferido y radicado en la provincia de Corrientes.

Ese dato abrió uno de los principales interrogantes de la investigación. Las víctimas reconocieron haber firmado el formulario 08, pero aseguraron que nunca concurrieron ante un escribano, tribunal o registro para certificar personalmente sus firmas.

Por eso solicitaron que se investigue quién realizó la certificación utilizada para transferir el vehículo, quién presentó la documentación y cuál fue la cadena de compradores posteriores. El secuestro de computadoras y teléfonos durante el allanamiento podría aportar información sobre esas operaciones y las comunicaciones mantenidas con los clientes.

Como prueba, la pareja acompañó el boleto de compraventa, constancias de los pagos, capturas de conversaciones, documentación del Toyota Corolla e imágenes de publicaciones en las que Rosario Motorsport habría ofrecido el automóvil a través de Instagram.

Una causa penal en marcha

El expediente comercial avanza en paralelo con la investigación penal por presunta estafa, bajo la órbita del fiscal Iván Enríquez.

En agosto, la Fiscalía ordenó allanar la concesionaria para reunir documentación vinculada con su giro comercial, secuestrar dispositivos electrónicos y confeccionar un inventario de los vehículos encontrados en el lugar. El procedimiento terminó sin detenidos.

Posteriormente, Enríquez solicitó con carácter urgente al juzgado información sobre el concurso y sobre la existencia de medidas cautelares relacionadas con los bienes o las personas investigadas.

Entre los casos denunciados figuran clientes que entregaron vehículos usados y dinero para adquirir cero kilómetros que nunca recibieron. Otros dejaron rodados en consignación, la firma concretó las ventas y no les transfirió los fondos correspondientes.

Uno de los interrogantes de la investigación es cómo se certificaron determinados formularios 08 y de qué manera algunos vehículos terminaron transferidos y radicados en otras provincias.

Qué había argumentado la empresa

Rosario Motorsport fue constituida en 2024 por Juan Gabriel Alegre y Eduardo Atilio Escarcelo, sus únicos socios y administradores.

Al pedir el concurso, ambos fijaron el inicio de la cesación de pagos el 4 de junio de 2026. Afirmaron que las demoras en las entregas generaron una cascada de intimaciones, pedidos de restitución y demandas imposibles de atender simultáneamente.

También sostuvieron que la sociedad seguía operativa y que durante las tres semanas previas a la presentación había entregado cinco unidades cero kilómetro. Aseguraron, además, que durante agosto intervinieron en la venta de diez automóviles usados.

La estrategia consistía en obtener plazos para reorganizar las ventas, los ingresos y los compromisos asumidos con los clientes. El juez consideró que la documentación no permitía comprobar esa capacidad de recuperación ni conocer con transparencia la situación económica de la compañía.

Con el rechazo, Rosario Motorsport quedó sin la protección judicial que buscaba. Sus acreedores podrán continuar los reclamos por sus propias vías, mientras la Fiscalía sigue investigando el destino de los vehículos y fondos entregados a la agencia.