Acceso a medicamentos, el gran obstáculo para salvar vidas

La declaración de la OMS del fin de la Emergencia por la pandemia de Covid-19 nos deja una gran cuenta pendiente como sociedad: aprender la lección para aspirar a un futuro sostenible, no sólo para pandemias venideras, sino en lo que respecta a la respuesta de los gobiernos a los retos de salud pública de cada país y región. Las grandes compañías farmacéuticas han doblegado al interés público para llenarse los bolsillos y se han salido con la suya.

En un estudio publicado en febrero pasado por el Centro para la Investigación de las Corporaciones Multinacionales (Somo), con sede en Holanda, se da cuenta del tamaño del lucro excesivo de los fabricantes de las cinco principales vacunas de Covid-19: u$s90.000 M en 2021 y en 2022. Aun cuando las grandes farmacéuticas recibieron al menos u$s5.800 M en fondos públicos. Otro detalle que señala el mismo estudio es que “los acuerdos celebrados no incluían obligaciones para las empresas de devolver los fondos”. Es decir, un negocio redondo.

“¿Cuántas vidas pudieron salvarse en el mundo, principalmente en los países más pobres, si en lugar de márgenes de ganancia tan grandes, se hubiese limitado la avaricia de las big pharma a esquemas donde tanto gobiernos como empresas recuperaran su inversión?”, señala el Dr. Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y Caribe de AIDS Healthcare Foundation (AHF). La propiedad intelectual de las vacunas debería mantenerse como un bien público, dado que el desarrollo de su investigación científica se pagó, en su mayor parte, con dinero público.

Otro caso en el que se dificulta el acceso a medicamentos es el tratamiento de la Hepatitis C, una infección que afecta al hígado y puede resultar mortal si no se trata a tiempo y de manera adecuada. Un laboratorio desarrolló, con fondos públicos, un medicamento que permite su tratamiento y cuya fabricación tiene un costo de u$s42 estimados. Sin embargo, el laboratorio Gilead Sciences lo adquirió en 2011, privatizó la investigación y actualmente distribuye el tratamiento de 12 semanas por u$s84.000. 

En la India, se produce una versión genérica de ese medicamento, con licencia voluntaria autorizada por Gilead. Cuesta solo u$s4 por píldora y alrededor de u$s360 por el tratamiento de 12 semanas. Lamentablemente, según Médicos Sin Fronteras, Gilead decidió que se excluyeran a 50 países de ingresos medios del acceso a este medicamento genérico más accesible que el de patente. Algunos de los países excluidos incluyen: Jamaica, Túnez, Filipinas, Ucrania y Venezuela.

“La trampa de las industrias farmacéuticas, junto con el incremento de la deuda pública de los países luego de COVID-19, está produciendo recortes masivos en los presupuestos de salud y el gasto en desarrollo, lo que agrava la situación”, expresó Pedrola. Y agregó: “En consecuencia, en regiones como África y América Latina que no están en condiciones de sostener el desarrollo del sector de la salud pública, dejan en manos de la caridad de los donantes internacionales la concientización y tratamiento de epidemias 'olvidadas' como la del sida”.

Actualmente, los países de América Latina invierten menos del 4% por ciento de su PIB en salud, en comparación con el 6% recomendado por la OMS, y una de las mayores cargas para el presupuesto lo constituye la compra de medicamentos.

Es urgente un nuevo orden mundial donde se priorice la sostenibilidad de la salud pública por encima de las ganancias corporativas es inaplazable. El llamado a los reguladores globales es más fuerte que nunca y organizaciones como AIDS Healthcare Foundation continuarán visibilizando los impactos de las prácticas comerciales abusivas de las grandes corporaciones farmacéuticas: nadie puede ni debe ignorar su avaricia extrema que está impidiendo salvar vidas.