Qué empresas estatales perdieron fondos y cuál fue la única que creció 161%

El ajuste del gasto fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei se sustenta, en parte, con la baja de las transferencias de fondos para las empresas públicas. Si se contabiliza la variación respecto al primer bimestre del año pasado, el recorte es de 53% en términos reales, con una caída pronunciada durante el mes de febrero (-58%).

Los datos surgen del Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que consignó la situación (hasta fin de febrero) de cada una de las 29 empresas no financieras que tienen titularidad del Estado Nacional, de las cuáles once aún integran el listado de privatización total o parcial que el Gobierno dispuso en el nuevo borrador de la Ley Bases que pretende enviar al Congreso en los próximos días.

La motosierra sobre las empresas públicas

La decisión que el Ejecutivo tomó sobre ese tipo de gasto se puede categorizar de dos formas: por ejecuciones corrientes (aquellas que realiza el Estado para su funcionamiento diario) y de capital (inversiones para incrementar el patrimonio de esa compañía).

El ajuste fue para ambas ejecuciones: el primero tiene un volumen mucho mayor y sufrió una caída menos pronunciada (se recortó un -39,57%), mientras que la segunda tuvo un recorte feroz (-96,68%) y solo hubo cuatro compañías que recibieron algún tipo de erogación de ese estilo (Casa de Moneda, SOFSE, Aysa y Fabricaciones Militares).

Se trata de una decisión política en la que trabajan de manera conjunta la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, a través de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado que dirige Mauricio González Botto; y el Ministerio de Economía que preside Luis Caputo, quien una semana atrás afirmó que "a las empresas públicas hay que privatizarlas todas", algo que va en sintonía con lo que piensa el propio Presidente.

"En las empresas públicas hay negociados constantemente", apuntó Caputo durante una entrevisra reciente, agregando que "la planta permanente es una complicación y además es muy costoso echarlos", ejemplificando con el caso de la agencia de noticias Télam, que menos de un 15% aceptó el retiro voluntario que ofreció el Gobierno, que todavía no encontró un mecanismo para poder despedir a los más de 700 empleados sin evitar judicializaciones masivas.

"Hay que privatizar a todas, porque todo es negocio", dijo, con especial énfasis en aquellas compañías de infraestructura.

El ranking con las empresas públicas más y menos ajustadas

El total de empleados de las empresas consignadas por la OPC es de 91.272. El corte es a diciembre de 2023, por lo que se espera que cuando se actualice a un período más reciente, este número disminuya. Los rubros van desde transporte, energía ymedios hasta servicios particulares (Correo Argentino, Aysa, Fabricaciones Militares, Arsat, entre otros).

Las empresas con un ajuste del 100% de las transferencias devengadas en términos reales respecto al año pasado son la Empresa Argentina de Navegación Aérea e Intercargo, ambas ligadas al rubro aeronáutico. EANA es la prestadora que opera los servicios de coordinación y administración del tránsito aéreo en 54 aeropuertos del país, mientras que Intercargo ofrece el servicio de rampa y para el pasajero en 18 aeropuertos.

En el recorte también aparecen importantes empresas como Aysa, que tuvo una variación de sus transferencias de -98,47%. La compañía emplea a 7.974 personas, aunque ya comenzó con un plan de ajuste de su dotación. Lo mismo sucede con el Correo Argentino (-66,46%), que emplea a 16.879 personas y con Operador Ferroviario S.E. (SOFSE), que es la compañía con mayor dotación de todo el país, con 23.875 empleados y que tuvo una variación real de -45,7%.

Después de SOFSE, la empresa en la que más fondos transfiere la Administración Pública es Energía Argentina S.A.: implica un 59,18% de las ejecuciones totales que se hacen a las compañías públicas. El Gobierno recortó un 45,3% los fondos devengados respecto al año pasado, ahorrando unos $157.000 millones.

Del listado de empresas puestas a privatización, Aysa, Radio y Televisión Argentina, Corredores Viales, Correo Argentino, YCRT, SOFSE, Enarsa, Belgrano Cargas tuvieron un ajuste real sobre los montos devengados. Solo se exceptúa los casos de Aerolíneas Argentinas, Nucleoeléctrica y Arsat, que tanto el año pasado como este, el Estado no le devengó transferencias.

La excepción a todos los casos mencionados es la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín (FADEA), que tuvo un crecimiento de las transferencias de 161,42% si se contabiliza la variación del primer bimestre del año. Quien fue designado como su nuevo director es Fernando Sibilla, parte del directorio durante la presidencia de Mauricio Macri y que hasta hace unos meses atrás estaba al frente de la Agencia para la Competitividad de Córdoba, dependiente de la gobernación de esa provincia.

Hay sólo dos empresas que no devengaron transferencias en el primer bimestre del año pasado y sí en el de 2024. Por un lado, Ferrocarriles Argentinos S.E. (con tan solo 60 empleados que integran el grupo que lidera el holding de empresas ferroviarias del Estado) computó $ 188 millones; mientras que EDUC.AR tuvo a su favor $ 242 millones.