Negocian traslados y retiros voluntarios para empleados de Pampa Energía

El conflicto abierto por la decisión de Pampa Energía de desactivar su unidad de producción de caucho sintético en Puerto General San Martín ingresó este jueves en una instancia de negociación. Tras una extensa audiencia celebrada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la empresa y el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) acordaron una conciliación voluntaria que regirá hasta el próximo 3 de agosto.

El entendimiento implica que, durante ese período, la compañía no podrá avanzar con despidos, enviar telegramas ni continuar ofreciendo retiros voluntarios al personal alcanzado por la reestructuración.

“Acordamos una conciliación voluntaria. La empresa se comprometió a no dispensar, no llamar ni despedir a ninguno de los compañeros mientras dure esta instancia”, confirmó a Punto biz el secretario adjunto de Soepu, Juan Cappa, al término de la audiencia.

La tregua también contempla la conformación de una mesa técnica de trabajo, integrada por representantes de la empresa y del sindicato, con el objetivo de analizar alternativas que permitan reducir el impacto de la decisión.

Explorar una salida

Según explicó Cappa, una de las posibilidades que comenzarán a evaluarse es la eventual intervención de la Provincia mediante herramientas que mejoren la competitividad de la operación.

“Queremos explorar alguna posibilidad para que la política pueda accionar sobre algún resorte, alguna cuestión impositiva o alguna herramienta que le pueda servir a la empresa para rever la situación”, sostuvo.

Sin embargo, el dirigente reconoció que el panorama productivo es extremadamente complejo. La planta de caucho ya dejó de operar y no existen perspectivas inmediatas de reactivación.

“La unidad de producción de caucho no vuelve a la actividad. Está parada y ya no hay materia prima porque la empresa agotó todos los recursos disponibles”, explicó.

El principal obstáculo continúa siendo el derrumbe del mercado del caucho sintético, agravado tras el cierre de Fate, uno de los principales clientes locales.

“El mes pasado al mercado argentino se vendieron apenas 200 toneladas de caucho, cuando esta planta tiene capacidad para producir 5.000 toneladas mensuales. En una situación normal se colocaban entre 2.000 y 2.200 toneladas en el mercado interno y el resto se exportaba. Hoy no podés colocar toda esa producción afuera con estas condiciones cambiarias”, detalló.

Reubicaciones insuficientes

Durante la audiencia también surgió la posibilidad de reubicar parte del personal dentro de otras unidades de negocios de Pampa Energía, incluso en proyectos de inversión que la empresa tiene previstos, como los u$s2.000 M que busca desembolsar en Bahía Blanca para una planta de urea. No obstante, para el sindicato esa alternativa tiene un alcance muy limitado.

“Eso es real, pero es ínfimo al lado del problema. Estarían ofreciendo reubicaciones para no más de 20 o 25 personas, cuando el universo afectado es mucho mayor”, señaló Cappa.

La empresa había comenzado a convocar a unos 125 trabajadores directamente involucrados en la operación de caucho para ofrecerles acuerdos de desvinculación, aunque el impacto alcanza también a personal jerárquico y contratistas vinculados a esa actividad.

Para Soepu, la negociación no sólo apunta a defender los puestos de trabajo de quienes integraban la planta de caucho, sino también a preservar el funcionamiento del resto del complejo petroquímico.

“No estamos hablando de una empresa fundida. Pampa Energía es una compañía con fortaleza económica y el complejo sigue teniendo otras tres plantas que continúan operando. Nuestra responsabilidad también es cuidar los más de 400 puestos de trabajo que permanecen activos”, remarcó el dirigente.

En ese sentido, explicó que el cierre de la unidad de caucho representa la reestructuración de una parte del establecimiento y que cualquier medida de fuerza debe contemplar el impacto sobre el resto de las operaciones.

Próximos pasos

Durante los próximos diez días la discusión continuará en el ámbito de la mesa técnica, sin intervención directa del Ministerio de Trabajo. Allí las partes intentarán encontrar alternativas que permitan ampliar las reubicaciones, reducir el número de desvinculaciones o diseñar algún esquema de asistencia que mejore la viabilidad económica de la operación.

El 3 de agosto volverán a reunirse en la cartera laboral para evaluar los avances y definir si existe margen para alcanzar un acuerdo o si el conflicto vuelve a escalar.