Milei reunió al equipo económico en Olivos para definir reformas clave

Poco después del partido de Argentina, el presidente Javier Milei recibió a su equipo económio en la Quinta de Olivos. La reunión tuvo como objetivo empezar a definir el formato final de las próximas reformas que se vienen. Entre ellas, la nueva Carta Orgánica del Banco Central, la penalización de la emisión monetaria y lo que se viene en materia de Inocencia Fiscal. El paquete de reformas que conversaron incluyó una nueva ley para el Mercado de Capitales y medidas de desregulación para el mercado de seguros.

En el encuentro, el presidente confirmó que decidió activar un mecanismo de shutdown del Poder Ejecutivo cuando se consuma el presupuesto autorizado. La iniciativa apunta a impedir que la administración siga comprometiendo gastos una vez agotadas las partidas, salvo eventuales excepciones vinculadas a servicios esenciales.

El punto más sensible de las reformas aparece en el vínculo entre disciplina fiscal y emisión monetaria. Milei adelantó que el Gobierno buscará prohibir de manera explícita que el Banco Central financie al Tesoro y planteó que esa práctica debería tener sanciones penales. Para el Presidente, emitir para cubrir al fisco equivale a una forma de falsificación de moneda.

En ese marco, el jefe de Estado vinculó la independencia del BCRA con una regla presupuestaria más dura. La lógica oficial es que, si una partida se agota, el Estado no pueda seguir gastando por encima de lo aprobado. En los hechos, se trataría de trasladar al sistema argentino una versión local del cierre administrativo que existe en Estados Unidos.

En EEUU, el government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de gasto o una autorización provisoria de financiamiento. Cuando eso pasa, las agencias federales que quedan sin fondos deben suspender actividades no esenciales, mientras siguen operativas las funciones consideradas críticas.

El antecedente más recordado fue el cierre parcial de 35 días durante la primera presidencia de Donald Trump, entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Aquella parálisis afectó a unos 800.000 empleados federales, entre personal suspendido y trabajadores esenciales que continuaron prestando tareas sin cobrar en tiempo y forma.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense calculó entonces que el cierre demoró u$s18.000 M en gasto federal y redujo en u$s11.000 M el nivel de actividad. Aunque buena parte de ese impacto se recuperó después, unos u$s3.000 M quedaron como pérdida permanente.

En Argentina, un mecanismo de este tipo necesitaría una ley específica. El régimen vigente no contempla un apagón automático del Estado si no se aprueba un Presupuesto: la Ley de Administración Financiera establece que, en ese caso, se prorroga el del año anterior con ajustes.

Por eso, la versión local que analiza el Gobierno no replicaría de manera lineal el esquema estadounidense. El foco estaría puesto en bloquear nuevos compromisos o devengamientos de gasto cuando una partida se agota, una regla que Milei busca convertir en otro candado fiscal para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.