Por Redacción
Prepara la concesión de la terminal de contenedores con inversión privada y control estatal.
El Puerto de Santa Fe vuelve al centro de la agenda productiva. El gobierno provincial acelera los pasos para licitar la terminal de contenedores, en un intento por reactivar una infraestructura estratégica que, pese a su ubicación sobre la hidrovía, todavía no logra consolidar volumen ni escala operativa.
La iniciativa se discutió en el marco de la Mesa Productiva, donde confluyen actores públicos y privados. Allí se avanzó en los lineamientos de una futura concesión que tendrá un esquema mixto: gestión privada con control estatal.
El diagnóstico es compartido. El puerto cuenta con condiciones logísticas y una posición geográfica competitiva, pero hoy está subutilizado por falta de un operador con capacidad de inversión y desarrollo comercial.
Un modelo con inversión privada
El plan oficial apunta a atraer a un jugador privado que asuma la operación de la terminal, con compromisos concretos de inversión, metas de movimiento de carga y un esquema de control por parte del Estado.
La licitación será pública, abierta y competitiva, con el objetivo de garantizar transparencia y sumar interesados que puedan darle dinamismo al puerto.
Entre los puntos que se incluirán en el pliego aparecen un canon definido, plazos que permitan amortizar inversiones y exigencias operativas que eviten que la terminal quede paralizada.
El proceso recién empieza. La elaboración del pliego demandará entre 60 y 90 días, en un intento por diseñar reglas claras antes de salir a buscar oferentes.
Detrás del proyecto hay un objetivo más amplio. Reducir la dependencia logística de otras terminales, especialmente de la provincia de Buenos Aires, que hoy concentran gran parte de la carga de la región.
Esa situación implica mayores costos para las economías regionales y pérdida de competitividad para las empresas santafesinas.
El desafío no es menor. Otros puertos ya cuentan con operadores consolidados y mayor volumen, por lo que Santa Fe necesita generar condiciones atractivas para captar carga y sostener actividad.
Uno de los puntos que destacan desde el Gobierno es el nivel de consenso alcanzado. En la discusión participaron cámaras empresarias, entidades productivas y organismos vinculados al comercio exterior, lo que le da respaldo institucional al proceso.
La apuesta es que esa articulación público-privada sea la base para transformar al puerto en un nodo logístico activo, con impacto directo en exportaciones, costos de transporte y generación de empleo.
El proyecto contempla una terminal con un área inicial de 20.000 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación según el nivel de actividad. Parte de la infraestructura ya está disponible, lo que permitiría acelerar la puesta en marcha si se concreta la concesión.
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