Por Redacción
El proyecto oficial eleva de manera significativa los umbrales penales por evasión impositiva y redefine el alcance de la persecución fiscal.
El Congreso avanza con el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, una reforma impulsada por el Gobierno nacional que propone actualizar el Régimen Penal Tributario y establecer nuevos montos mínimos a partir de los cuales la evasión impositiva podrá ser perseguida penalmente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
La iniciativa busca corregir el fuerte atraso de los umbrales vigentes, que habían quedado desactualizados tras años de inflación, y apunta a concentrar los recursos del Estado en maniobras de evasión de mayor escala, reduciendo la judicialización de incumplimientos menores.
Los nuevos umbrales penales
Uno de los ejes centrales del proyecto es la elevación de los pisos de punibilidad. En el caso de la evasión simple, ARCA solo podrá impulsar una denuncia penal cuando el monto evadido supere los $100 millones. Para la evasión agravada, el umbral se eleva hasta alrededor de $1.000 millones, con agravantes vinculados al uso de facturación apócrifa, interposición de personas o estructuras destinadas a ocultar al verdadero responsable.
Por debajo de esos valores, las infracciones quedarán circunscriptas al ámbito administrativo, con aplicación de multas, intereses y sanciones formales, pero sin consecuencias penales.
El proyecto también introduce cambios relevantes en los plazos. Establece que si prescribe la facultad del fisco para determinar un tributo, también se extingue la acción penal, alineando los tiempos administrativos con los judiciales.
Además, se contempla la posibilidad de dar por finalizada la persecución penal si el contribuyente regulariza su situación, mediante el pago total de la deuda, intereses y recargos, dentro de los plazos establecidos por la ley.
Objetivos oficiales y debate
Desde el oficialismo sostienen que la reforma no implica un perdón fiscal, sino una adecuación normativa a la realidad económica, que busca mejorar la previsibilidad, reducir la litigiosidad y focalizar el control estatal en casos de evasión significativa.
En tanto, algunos sectores de la oposición y especialistas tributarios advierten sobre el impacto que la suba de los umbrales podría tener en la capacidad disuasiva del sistema, y pusieron el foco en el aumento de multas administrativas previsto para incumplimientos formales, especialmente en el caso de pymes y contribuyentes individuales.
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