Pullaro habilitó cambios para destrabar su reforma de seguridad

Retirar dos de las disposiciones más cuestionadas y reforzar el control judicial sobre los allanamientos fue la fórmula que acercó a radicales y socialistas para destrabar la reforma de seguridad de Maximiliano Pullaro. Las últimas conversaciones permitieron recomponer el diálogo dentro de Unidos avanzar sobre los temas que estaban empastados, aunque el Ejecutivo devolvió observaciones a los cambios y la redacción de la letra chica aún sigue pendiente.

El acercamiento llegó después del fracaso de la semana anterior, cuando las diferencias internas impidieron emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto. La iniciativa, denominada Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, propone cambios en seis normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de la Policía y los regímenes de ejecución penal, inteligencia y recompensas. 

La negociación se concentró en tres puntos. Por un lado, retirar la posibilidad de tomar declaración a un imputado sin presencia obligatoria de su abogado defensor; por otro, eliminar las zonas de intervención policial especial, que habilitaban atribuciones extraordinarias en áreas con violencia grave. Para los allanamientos excepcionales, la alternativa discutida incorpora una orden del fiscal y control judicial, cuyo alcance depende del texto definitivo.

Detrás de esos artículos aparece una diferencia sobre quién conduce la investigación del delito y qué controles debe tener la actuación policial. El socialismo cuestiona que el Ministerio de Seguridad asuma funciones que corresponden al Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras el radicalismo reclama nuevas herramientas para sostener la reducción de la violencia y enfrentar a las organizaciones criminales. Las objeciones también llegaron desde la Corte Suprema, la Defensa Pública y entidades profesionales.

La señal política que facilitó la negociación la dio Pullaro durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario. “Algunas pueden ser mejoradas”, admitió sobre las iniciativas, al tiempo que sostuvo que la seguridad pública las necesita. Esa apertura habilitó una revisión del texto que sus ministros, Fabián Bastia y Pablo Cococcioni, habían defendido en su versión original ante los diputados de Unidos la semana anterior.

El equilibrio que busca la coalición permite al Ejecutivo avanzar con su agenda contra el delito y al PS acompañar después de introducir límites y garantías. El peso socialista es decisivo: reúne 14 de los 28 diputados del interbloque oficialista, frente a nueve radicales y cinco representantes de otros espacios. La discusión puso a prueba la capacidad de Unidos para traducir su mayoría legislativa en respaldo a una prioridad del gobernador.

El paso que falta es alcanzar un dictamen en las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales, antes de llevar la reforma al recinto de Diputados. La sesión fue convocada para este mismo jueves y el oficialismo busca darle media sanción, tras lo cual deberá continuar el tratamiento en el Senado. La preferencia otorgada al proyecto no garantiza su aprobación: depende del cierre de la negociación y de los votos.

El expediente debe distinguirse de los otros proyectos de seguridad que avanzaron el 29 de octubre. Ese día, Diputados dio sanción definitiva a los cambios en la organización de la Defensa Pública y aprobó con modificaciones el control del mercado de celulares usados, que volvió al Senado. La reforma sobre facultades policiales y herramientas de investigación es la que todavía necesita superar el desacuerdo oficialista.