Sturzenegger va por otro paquete de desregulaciones económicas

El Gobierno tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso y que propone modificar normas vigentes en distintos sectores de la economía. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, permanece en revisión a la espera de la firma del presidente Javier Milei.

El proyecto reúne cambios en la comercialización de medicamentos, la navegación fluvial, el mercado inmobiliario, los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas. Según plantea el Ejecutivo, el objetivo es reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades.

Además, el texto solicita al Congreso que delegue por seis meses facultades para avanzar con nuevas desregulaciones mediante decretos. Para ello propone declarar la emergencia administrativa y de competencia durante ese período, lo que permitiría modificar o derogar normas que, según el Gobierno, restrinjan la competencia o dificulten el ingreso de nuevos actores al mercado. Como contrapartida, el Poder Ejecutivo debería presentar informes trimestrales al Congreso sobre las medidas adoptadas.

Medicamentos, libros y garrafas

Uno de los capítulos más relevantes apunta al sistema de venta de medicamentos. El proyecto vuelve a impulsar que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas y amplía la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio.

Parte de estas modificaciones ya habían sido incorporadas en el DNU 70/2023, aunque quedaron parcialmente suspendidas por medidas cautelares impulsadas por entidades farmacéuticas. Ahora el oficialismo busca otorgarles respaldo legal mediante una ley.

La iniciativa también elimina el régimen de precio uniforme para los libros, lo que permitiría que cada librería defina libremente el valor de venta de un mismo título y aplique promociones o descuentos.

En el caso del gas licuado de petróleo (GLP), propone que el Estado deje de intervenir en la fijación de precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de garrafas, limitando su rol a los controles vinculados con la seguridad técnica.

Cambios para el sistema financiero

El anteproyecto actualiza los regímenes de prendas y warrants con el objetivo de digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito.

Entre las principales novedades habilita el uso de activos virtuales, como criptomonedas, como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales y crea un registro federal unificado para consultar las garantías constituidas en el país. También digitaliza los certificados de depósito y warrants utilizados por el sector productivo.

Campos, navegación e inmobiliarias

El paquete también alcanza al sector agropecuario. La propuesta deroga la ley de arrendamientos rurales, eliminando los plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De aprobarse, propietarios y productores podrán pactar libremente la duración de los contratos, el precio y la modalidad de pago, mientras que los acuerdos vigentes continuarán hasta su vencimiento.

En materia de navegación y cabotaje, el Gobierno busca recuperar por ley parte de las modificaciones incluidas en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso. El proyecto habilita que embarcaciones extranjeras realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios e incorpora un esquema progresivo de integración de tripulación argentina según el tiempo de permanencia de los buques en el país.

Otra de las reformas previstas apunta al mercado inmobiliario. La iniciativa elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, bajo el argumento de que esos requisitos constituyen barreras de entrada que restringen la competencia.

Vino, traductores y cooperativas

El proyecto también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que dejaría de controlar las distintas etapas de elaboración para concentrarse en verificar que el producto final sea genuino y apto para el consumo.

Al mismo tiempo dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyas funciones y recursos pasarían al INV.

Otra modificación elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en los trámites ante la administración nacional. Esa exigencia quedaría limitada a los casos que determine la reglamentación.

Por último, el texto incorpora cambios tributarios para las cooperativas. Elimina la exención plena del Impuesto a las Ganancias y establece que aquellas que registren excedentes superiores a $500 millones anuales deberán tributar ese impuesto.