Nación eliminó ocho trabas para importar frutas

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dejó sin efecto ocho resoluciones relacionadas con los requisitos para productos fitosanitarios y controles comerciales. Desde el Gobierno señalaron que las normas habían cumplido su período de vigencia y que la medida se ajusta a los lineamientos establecidos por la Ley de Bases.

De esta manera, la secretaría buscó eliminar carga burocrática y consolidar un ordenamiento jurídico más moderno. La medida aduce que habrá mayor seguridad jurídica a todos los eslabones productivos que integran la cadena agroalimentaria nacional.

También se dejó sin efecto la Resolución 405/1998, que imponía el uso manual del cuaderno fitosanitario para los productores de manzana y pera. Se trata de un sistema de registro que fue reemplazado por nuevos mecanismos de trazabilidad.

A su vez, se eliminaron antiguas trabas para el ingreso de bananas al noroeste argentino. Al mismo tiempo, se suprimieron regulaciones superadas sobre la importación de papa semilla y los límites de residuos de plaguicidas.

La secretaría argumentó: “El régimen fitosanitario nacional ha experimentado una profunda evolución normativa, técnica e institucional, incorporando procedimientos basados en el análisis de riesgo fitosanitario, estándares internacionales, sistemas de certificación, herramientas informáticas y mecanismos de trazabilidad". Por este motivo, Nación consideró que el mantenimiento de estas exigencias carecía de utilidad para el sector.

El Gobierno advirtió que sostener normativas sin aplicación efectiva generaba una peligrosa dispersión legal y dificultaba la operatoria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

“Resulta incompatible con los principios de simplicidad, eficiencia, seguridad jurídica y buena administración que deben orientar la actuación de la Administración Pública Nacional", indicó la resolución. Por último, el Gobierno argumentó que no se afectaron derechos previamente adquiridos ni alteró la validez de los actos administrativos que se dictaron mientras dichas leyes se encontraban vigentes.