El Gobierno avanza con la privatización de cuatro represas clave

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización de cuatro represas hidroeléctricas estratégicas ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. A través del llamado a licitación pública, que tendrá alcance nacional e internacional, se concesionarán estas centrales por un período de 30 años. El objetivo es recaudar alrededor de 500 millones de dólares, según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las centrales que saldrán a licitación son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas emplazadas sobre el río Limay. Se trata de instalaciones que actualmente generan cerca del 10% de la energía eléctrica del país, con costos reducidos y mediante una fuente renovable y limpia.

Los contratos vigentes datan de 1993, cuando se privatizaron por primera vez, y tenían un plazo de 30 años. Desde entonces, fueron prorrogados en varias oportunidades, la última vez mediante un decreto de 2024 que extendió las concesiones hasta fines de 2025 o hasta la concreción de una nueva licitación.

Tras meses de negociaciones, el Gobierno alcanzó un acuerdo con las provincias de Neuquén y Río Negro, que reclamaban el reconocimiento de la propiedad de los recursos hídricos en sus territorios. El entendimiento establece el cobro de un canon por el uso del agua y mayores regalías por la generación de electricidad.

Además, el convenio prevé obligaciones técnicas para los futuros concesionarios: realización de estudios de impacto, obras de seguridad ante crecidas, mantenimiento de información hidrometeorológica y aplicación de medidas preventivas para garantizar el correcto funcionamiento de las represas.

Si bien la firma del acuerdo permitió destrabar el proceso, todavía persisten tensiones. Los gobernadores de ambas provincias reclamaron mayor participación en el diseño de los pliegos y manifestaron preocupación por los plazos acotados. En paralelo, Neuquén inició un reclamo judicial por regalías que asegura que la Nación mantiene pendientes de pago desde hace años.

El lunes 18 de agosto se darán a conocer los pliegos de la licitación, que marcarán el inicio formal del proceso para definir los concesionarios por los próximos 30 años. El Gobierno busca equilibrar la participación privada con la supervisión estatal, en un esquema que recuerda al aplicado en los años noventa.

Con este paso, la Casa Rosada apunta a generar ingresos extraordinarios, atraer inversiones y garantizar el suministro eléctrico, aunque el debate por la soberanía de los recursos y la renta de la energía promete seguir abierto.