Arquitectos argentinos se quedaron sin permiso para ejercer en España

Cientos de arquitectos argentinos radicados en España quedaron atrapados en un conflicto administrativo que afectó de lleno su actividad laboral. Después de obtener la homologación oficial de sus títulos y, en muchos casos, matricularse en los colegios profesionales locales, recibieron la suspensión o anulación de esas credenciales.

La situación impactó sobre profesionales formados en universidades argentinas como la UBA, la UNR, la UNLP, la UNC, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Mendoza y la Universidad Nacional de Tucumán, cuyos planes de estudio habían sido reconocidos por la agencia española encargada de evaluar la calidad universitaria.

El conflicto se abrió cuando el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España presentó recursos administrativos contra homologaciones ya otorgadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según publicó La Nación. A partir de esos planteos, muchos expedientes fueron suspendidos de manera cautelar y luego retrotraídos a una nueva instancia de análisis.

Para los afectados, la consecuencia fue concreta: no pudieron firmar planos, tomar obras por cuenta propia ni aceptar encargos profesionales. Javier Alvaro Colomino, arquitecto rosarino graduado en la Universidad Nacional de Rosario, obtuvo la homologación en julio de 2025 y se colegió en octubre. Sin embargo, en noviembre recibió la suspensión y luego la anulación definitiva de la credencial.

“Hace siete meses que no puedo trabajar como arquitecto firmando planos. Perdí la posibilidad de tomar trabajos por mi cuenta y no puedo aceptar clientes que quieran hacer una casa o una ampliación”, dijo Colomino a La Nación. Y agregó: “Los días pasan y económicamente te provocan muchísimo perjuicio”.

El trámite para ejercer en España exige presentar título, plan de estudios, certificado analítico y documentación apostillada, además de pagar una tasa administrativa de €165. Luego interviene la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), que analiza contenidos, materias, carga horaria y antecedentes profesionales.

El cambio que aceleró el conflicto ocurrió en marzo de 2025, cuando Aneca implementó un mecanismo que agilizó la evaluación de títulos extranjeros. Ese esquema permitió que graduados de siete universidades argentinas accedieran a una homologación prácticamente directa al nivel de máster habilitante, equivalente al título de arquitecto superior en España.

Pero, una vez colegiados, comenzaron los recursos. Los arquitectos denunciaron que los cuestionamientos se apoyaron en una supuesta “falta de motivación” de las resoluciones ministeriales. También afirmaron que muchos informes presentaban errores, datos mezclados entre expedientes y falta de análisis individual.

Desde el Colegio de Arquitectos español sostuvieron ante La Nación que los recursos fueron presentados porque algunas homologaciones “podrían no ajustarse plenamente a la ley”. También señalaron que el objetivo era garantizar la seguridad jurídica, la protección de la ciudadanía y una formación equivalente en materias vinculadas a la seguridad y salud de las personas.

Los profesionales afectados se organizaron en la Agrupación de Arquitectxs Graduadxs Argentinxs Homologantes en España. Según ese espacio, hay más de 500 arquitectos argentinos perjudicados y alrededor de 45 ya estaban colegiados cuando empezaron las suspensiones.

Mientras esperaban una resolución definitiva, los arquitectos avanzaron con recursos administrativos, consultas ante el Congreso de los Diputados y un dictamen jurídico elaborado por el abogado argentino Beltrán Gambier. El documento fue incorporado a las alegaciones presentadas ante el Ministerio y también remitido a la Embajada Argentina en España.

El escenario todavía no tenía una salida clara. España trabajaba en un nuevo real decreto sobre homologaciones profesionales, aunque los afectados advirtieron que los cambios normativos constantes dejaron a muchos graduados en el medio de un proceso incierto. “Estamos defendiendo nuestro título, nuestro tiempo, nuestras familias, nuestra profesión y nuestras universidades”, concluyó Agostina Buzzo Zendri, una de las arquitectas afectadas.