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Economía

Conducta ilegal

Aduana denunció a empresas importadoras que "alquilaban" cautelares

Aduana denunció a empresas importadoras que "alquilaban" cautelares

Por Redacción

El ente recuadador apuntó a una firma en particular que presuntamente cedió autorizaciones de importación a otras compañías.

La Dirección General de Aduanas dejó al descubierto a una empresa obtuvo autorizaciones judiciales —vía medidas cautelares— para importar mercadería sin contar con el requisito de validarlo a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (Simi), pero luego “cedió” la autorización a otra empresa, dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. 

“Estamos trabajando para ver si hay otras maniobras similares de otras empresas”, indicaron desde el organismo que dirige Guillermo Michel. La causa fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo en lo federal Nº8, secretaria 15. Aduana también planea hacer una denuncia en el fuero penal económico por estafa procesal y se habla de una multa de, al menos, u$s200.000, que es lo que prevé el código aduanero.

“¿Alquiler de cautelares?”, se preguntó Cristina Kirchner desde su cuenta de Twitter. “O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, ¿además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, expresó a través de la red social.

Si bien en la Aduana no saben aún cuántas empresas podrían ser parte de este esquema de “alquileres de cautelares”, prometen revisar toda la lista. “Es un trabajo artesanal”, reconocen y destacan que el universo potencial es grande: en los últimos dos años se importó por medio de cautelares por unos u$s1.800 M.

Modus operandi

Pero lo que descubrió la Dirección General de Aduanas fue que entre las autorizaciones que logró la firma Yoko SA para liberar mercadería salteándose el requisito de validar la Simi vía cautelar, le “cedió” la autorización a la firma Tropea SA, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. El total de la mercadería –en dos envíos detectados- superó los u$s 200 mil, pero lo más significativo fue la maniobra descubierta por la División Control Fiscalización Simultánea cuando cruzaron la mercadería importada y a quién correspondía la Simi “autorizada” por la cautelar.

Pero lo más curioso apareció luego: a través de una hoja con un par de sellos que firma una persona apoderada de Tropea, autoriza a Yoko a realizar “cualquier gestión aduanera relacionada a la Afip” relacionada con la importación de bienes bajo su marca; autoriza a “comprar y a vender” bajo la marca Tropea y a trasladar los bienes. Lo que sí aclara es que todo ese poder tiene un plazo. Exactamente, un mes.

Lo que en realidad ocurrió fue lo inverso. Yoko SA no utilizó la Simi. Le “transfirió” la tutela jurisdiccional en beneficio de Tropea, bajo la simulación de que Yoko estaba autorizada a comercializar la marca entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la Simi pre autorizada de Yoko. En términos llanos, Yoko le “alquiló” la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería. Funcionó como una usina de SIMI. Pero esto, lejos de ser una picardía o un atajo ante las restricciones oficiales puede constituir un delito penal.

Por eso, el organismo que comanda Guillermo Michel bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y de una multa que podría ser hasta 5 veces el monto importado y los acusó de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal. Pero fue todavía más lejos: se presentó ante el juzgado de Madariaga de Negre la puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.

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