Previo a una imputativa penal, Vicentin cuestionó la auditoría forense

Directivos y accionistas de la agroexportadora Vicentin Saic fijaron posición en las horas previas a la audiencia imputativa que se efectuará este martes 26 ante la justicia penal de Rosario, en la cual serán imputados por presunta estafa todos los directores que condujeron la firma hasta que entró en default, en diciembre de 2019. 

En diálogo online con medios santafesinos, los empresarios replicaron por primera vez en forma pública los resultados de una auditoría forense -publicados un par de meses atrás-, que constituyen hasta ahora la principal herramienta esgrimida por el fiscal de delitos económicos de Rosario, Miguel Moreno, para avanzar en los cargos por estafa. Lamentaron además que la requisitoria política sea rodeada con “acciones para politizar la cuestión”, justo en un momento en que confían conseguir consenso para una propuesta de pago que está siendo negociada con los acreedores a contrarreloj, porque los plazos concursales finalizan a mediados de diciembre.  

La postura de los accionistas y ex directores fue presentada por el ex vicepresidente Alberto Macua, Máximo Padoán, y el ex síndico y actual presidente Omar Scarel. Los tres serán imputados mañana en la justicia de Rosario, los dos primeros integraban el directorio que llevó a Vicentin al derrumbe, y el tercero  se desempeñó como síndico. 

Más allá de advertir que lo que supieron de la imputación es sólo lo que “se publicó en los medios de prensa”, y de cuestionar ciertas intencionalidades políticas como la presentación de un informe de los diputados provinciales en la Legislatura “justo el mismo día en que nos convocan a una imputativa”, los principales argumentos de los empresarios transcurrieron por cuestiones legales y técnicas.

El fiscal Moreno anticipó que la imputación se sustenta en los resultados de una auditoría forense que cuestionó el ocultamiento de pasivos de Vicentin a la hora de obtener nuevos créditos. Yendo al punto, Macua anticiṕó que los abogados contestarán punto por punto los cargos de la fiscalía, al tiempo que recordó: “Vicentín se presentó en concurso a partir de deudas acumuladas en los años 2017 y 2018. Deudas que los bancos acordaron refinanciar, cobrando abultados intereses. Pero el diferencial de deuda comercial equivale sólo a un mes de facturación de la compañía. Y fueron las corridas posteriores a las elecciones Paso de 2019 las que generaron nuestro verdadero desequilibrio”. 

Un paper elaborado por Vicentin que trascendió en las últimas horas cuestionó los resultados de la auditoría, a saber:      

1- El informe no arriba a ningún tipo de conclusión contundente, los propios auditores lo aclaran: “... se utilizó un conjunto de procedimientos…que no eliminan la posibilidad de arribar a conclusiones diferentes si se aplicara otro tipo de enfoque o se dispusiera de información adicional”.

2- La mayoría de los enunciados producidos en el informe están basados en un análisis parcial e incompleto de los procesos transcurridos por Vicentin Saic, omitiendo información trascendente y conjeturando sobre datos incompletos y tendenciosos. Muchas de las supuestas conclusiones a las que arriban se basan en hipótesis que dejan en evidencia un claro desconocimiento de procedimientos normales del negocio.

3- Al evaluar el proceso de desconsolidación ignoran deliberadamente que el mismo fue llevado a cabo con el conocimiento y consentimiento de las mismas entidades financieras a quienes representan y quienes hoy cuestionan dicho proceso. Toman en consideración y exponen datos incompletos al evaluar los préstamos recibidos de las instituciones financieras sin considerar cancelaciones y desembolsos en intereses y otros gastos asumidos en los períodos analizados.

4- Auditores internacionales que participaron de la auditoría ponen en tela de juicio mediante procedimientos parciales y extemporáneos, información generada en balances de la compañía de un período bajo auditoría de otra de las más prestigiosas empresas internacionales en esa materia como KPMG.

La compañía manifestó su rechazo absoluto a las “conclusiones” que intenta instalar “un informe viciado de toda legitimidad que sólo atiende los intereses acusatorios de quienes encargaron su elaboración”.

En la previa a la imputativa, los directivos también consignaron que más allá de las declaraciones públicas, en forma preventiva la justicia instrumentó cautelares y embargos sobre más de 30 personas y sobre unas 15 compañías, que en su mayor parte se fueron desactivando.