La Rural logró sortear obstáculo clave en la batalla judicial por retenciones

El juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, resolvió uno de los tres escollos que tiene para seguir adelante con el amparo colectivo planteado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María en contra del cobro de retenciones desde el 1° de enero de este año. El magistrado cordobés se declaró competente para seguir con la causa.

Con esta decisión, rechazó la presentación del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 de Buenos Aires, Enrique Alonso Regueira, quien pidió que Córdoba le girara el expediente. Se fundamentó en que la acción entablada “se dirige contra la conducta desplegada por la Afip-Aduana y contra determinados decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional” y agregó que la demanda “tiene carácter colectivo y que la composición del colectivo incluye a todos los productores agropecuarios del país”.

Bustos Fierro resolvió mantener la competencia porque fue el primer magistrado en inscribir ante la Corte Suprema el proceso colectivo. En la misma decisión remitió las actuaciones a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que es la que, finalmente, deberá determinar cuál es el tribunal competente para entender la causa.

Sin embargo, suponiendo que esa Cámara resuelva a favor del cordobés, todavía quedan otras cuestiones a sortear para que pueda abocarse al tema.

Una es que la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba -integrada por Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres- hizo lugar al recurso que presentó el Estado para frenar la acción colectiva que inició la Sociedad Rural Argentina. Serán ahora los camaristas los que revisarán si la Rural puede actuar en representación de todos los productores del país.

Otro tema es lo planteado por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, quien ya se había expedido sobre si correspondía la acción y si Bustos Fierro era competente o no. Después apuntó que un hijo del magistrado es dueño de un campo, por lo que estaría inhibido de actuar porque tiene un interés indirecto. Hairabedian no es parte de la causa; no representa al Estado Nacional y no hizo referencia al tema en su definición primera.

Hasta que no se resuelvan todos esos pasos, el tratamiento de la causa está frenado y, por lo tanto, el Estado puede continuar cobrando las retenciones.

El planteo que la Rural llevó a la Justicia se emparenta con los dichos del presidente Alberto Fernández respecto a las retenciones. Cuando pidió aumentar las que pesan sobre el trigo para “desacoplar” los precios internos de los externos, sostuvo que es una cuestión que debe pasar por el Congreso Nacional.

Ante la Justicia la Rural sostiene que el cobro de las retenciones ya no es legal porque el pasado 31 de diciembre cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas ya que el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación.