La industria molinera se defiende y habla de “multa infundada”

Tras la decisión del gobierno nacional de sancionar a Molino Cañuelas por $150 M, pero también con $93 M, a la Cámara de Industriales Molineros y con $51 M a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras, generó fuertes reacciones tanto de la industria en general, como de la propia empresa apuntada.

“La Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim), rechaza expresa y enérgicamente la Resolución dictada con fecha 1ro de abril de 2022 por la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, por medio de la cual se ha condenado a  esta entidad a abonar una multa exorbitante e infundada”, expresó la entidad en un comunicado conocido este martes. 

Para Faim la resolución “es groseramente arbitraria” y plantea que no tiene “sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.  

“Faim está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año  2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, argumentaron. 

Por lo pronto la Federación de industriales molineros anticipó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan, a fin de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin al actuar arbitrario de la  Secretaría de Comercio Interior”

La multa

Según el texto oficial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia observó que la empresa y las cámaras involucradas "idearon, diseñaron, implementaron y monitorearon un acuerdo para la fijación de precios con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras de trigo y harina".

El pago de las multas deberá hacerse efectivo dentro de los diez días hábiles desde la notificación (es decir hasta el 21 de abril), y Comercio Interior instó a las partes a que "cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo.

La respuesta de Molino Cañuelas

Más allá de la federación industrial, la propia empresa multada difundió un parte de prensa criticando la decisión nacional que tildó de "ilegal" y carente de sustento. "La denuncia tiene su origen en 2015 y se formula por un acuerdo sectorial que nunca se aplicó, el cual tenía como finalidad evitar que las grandes empresas vendan por debajo del costo de producción en perjuicio de las pequeñas empresas con menor capacidad financiera", precisaron desde la compañía que además atraviesa un concurso de acreedores.

"La multa impuesta resulta ilegal por infundada, irracional y exorbitante, ya que se basa en un acuerdo que nunca se aplicó, y toma como base de imposición los supuestos beneficios que habría recibido Molino Cañuelas por dicho acuerdo", puntualizaron.

"La sanción recae sobre Faim, la industria molinera en general, y en MC en particular, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que MC no tiene por si sola la facultad de decisión (más de 70 molinos con un régimen de voto individual en la comisión directiva), al igual que sorprendió que la resolución se dictó luego de más de 7 años en donde se aportaron todas las pruebas que fundamentan nuestra posición", prosigue el comunicado.

AL igual que la federación. Molino Cañuelas anticipó que accionará en la justicia "con la convicción de que la multa será revocada, en la medida que, entre otras cuestiones, ni siquiera existió la aplicación del acuerdo que se pretende sancionar".