Hidrovía: abren investigación para verificar irregularidades en la licitación corta

La licitación corta, que tiene por objeto adjudicar el mantenimiento de la Hidrovía a través de un contrato por el dragado y otro por el balizamiento en un plazo en principio de 180 días hasta que se avance con la licitación de fondo, entró en las últimas horas en terreno judicial.

Es que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, inició de oficio una investigación para determinar si las autoridades nacionales cometieron delitos durante la licitación. De acuerdo a lo que publicó elDiarioAR, el 24 de febrero último, la fiscalía especializada en delitos contra el Estado Nacional solicitó al administrador general de Puertos, José Beni, que remita copia íntegra del expediente de la licitación, las ofertas realizadas por los distintos grupos económicos que participaron del concurso y las impugnaciones realizadas por los competidores del grupo ganador, ratificó la fuente consultada. 

Es la Administración General de Puertos (AGP) la que lleva adelante el proceso de adjudicación corto de la HIdrovía que particularmente para el contrato por el dragado hoy tiene a un solo competidor en carrera que es Compañía Sudamericana de Dragados S.A., filial local de la belga Jan de Nul. Hubo otros tres grupos empresarios que participaron de la compulsa pero que terminaron descalificados al no ser aprobadas sus propuestas técnicas para asegurar el mantenimiento de la vía navegable.

Precisamente fue el dictamen de la AGP lo que derivó en reacciones de los aspirantes que quedaron fuera de la licitación. Por un lado el consorcio Dredging, conformado por la belga Dredging International, la compañía china CCCC Shanghai Dredging y la argentina Servimagnus, publicó la semana pasada una dura solicitada en la que deja entrever que la repartición comandada por José Beni con su declaración de inadmisibilidad podría “dar lugar a la adjudicación de las obras al contratista actual a un precio un 40% más alto del que se podría obtener”.

Al planteo a través de los diarios hecho por Dredging, se le sumó una impugnación motorizada por la firma argentina Emepa, otra de las que participaba en la licitación y que fue excluida por entender la AGP que no cumplía con los requerimientos técnicos expresados en los pliegos.

Las objeciones hechas por las empresas con interés en quedarse con el contrato de dragado fueron las que derivaron en la investigación que se inició de oficio y que ahora le requirió a Beni la documentación inherente al proceso de licitación.