Emergencia agropecuaria: el Gobierno juega con nafta en el medio del incendio

La relación entre el Gobierno provincial y las entidades agropecuarias no están en su mejor momento. En medio de una extrema crisis que vive el sector, las medidas paliativas acordadas hace meses atrás aún no fueron cumplidas en su totalidad y las ayudas necesarias se pierden entre reuniones estériles y cuestiones políticas.

Uno de los enojos de los representantes del campo surge de la excesiva demora administrativa en otorgar los certificados de emergencia solicitados en diciembre por los productores, “de más de 7000 pedidos sólo se entregaron 2.500”, expresó a Punto biz, Ignacio Mántaras, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).

El principal problema de la demora radica en que muchos productores, al no tener su certificado, no se les modifica su condición en el sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos y terminan sufriendo sanciones económicas y embargos en sus cuentas. Ante esto, desde Carsfe explicaron que “el 21 de noviembre enviamos una nota al gobernador pidiéndole que aceite lo de Afip, de allí en más hubo cuatro reuniones, dos con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa y dos con cuadros técnicos y todo sigue sin ser resuelto”.

La respuesta del ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, fue que hasta el 30 de junio del 2023 se extenderá el plazo para la presentación jurada para la obtención de certificados. Además entre el 21 y 23 de marzo, personal de la Afip y del Banco Nación estará en las localidades de Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela, para evacuar dudas sobre líneas de crédito, refinanciación e impuestos a la ganancia.

Desde la propia cartera de producción, Miguel Molinari, de la Secretaría Legal y Técnica, explicó que la declaración jurada presentada por los productores no implicaba “per se” la emisión del certificado, ya que la administración pública debe controlar y cotejar la documentación presentada.

En un clima que aumentaba la tensión entre las partes, Luciana Klempnow, jefa del departamento de Emergencia Agropecuaria, intentó apaciguar el enojo de los presentes, comentando que se había reforzado el equipo de trabajo para poder emitir los certificados a la mayor brevedad posible. Inmediatamente fue el propio Daniel Costamagna, quien coincidió con las entidades en conseguir un mayor trabajo conjunto para mejorar la situación con las entidades nacionales y Miguel Molinari se comprometió a enviarle a Afip el listado de los productores que habían iniciado el pedido de certificado.

Ayuda insuficiente

En medio del debate de la Emergencia Agropecuaria y la ley que crea el Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Emergencia y Desastres Agropecuarios, que se trata en la legislatura, están los fondos que no llegan.

Ignacio Mántaras contó a Punto Biz que le solicitaron al gobernador el 7 de enero una ayuda extraordinaria “como se les otorgó a los gastronómicos y hoteleros en pandemia, pero aún no tuvimos esa respuesta”. Además, agregó que de los $2.000 M que el Gobierno provincial tenía comprometido como ayuda, la mayoría se distribuiría a través de la Agencia de Desarrollo, “pero el ministro nos dijo que recién a fin de mes estaría el dinero disponible en dicho organismo”.

Desde Carsfe también pidieron un reclamo más enérgico de provincia hacia el Gobierno nacional, “pidieron $2.000 M y sólo enviaron $653 M”. El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales pidió más responsabilidad en los anuncios, “dijeron que entregaron montos que aún no están, nos preocupa el relato oficial”.

Origen de los fondos

En el encuentro de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, se plantearon los problemas que se generan a la hora de establecer el origen pretendido para los fondos de ayuda.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Marcelo González, explicó que los fondos “salen del impuesto inmobiliario rural, pero con los productores en emergencia y con las exenciones otorgadas, prácticamente no se recaudaría para dicho fondo”.

También desde Carsfe aclararon que del impuesto inmobiliario rural “el 60% se destina a municipios y comunas, y el 40% queda en el ámbito de la provincia”.

Proyectos legislativos

Son dos los proyectos legislativos en los que las entidades del campo tienen su mirada. Por un lado, el Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Emergencia y Desastres Agropecuarios, que presentaba dos inconvenientes en su origen, la cantidad de dinero disponible para la ayuda y las primas de las aseguradoras.

Con relación a los fondos, y para dar celeridad a la ayuda, se elaboró otro proyecto que eleva los $2.000 M, a $20.000 M. Pero más allá de las voluntades y deseos, si el Gobernador no habilita el proyecto para tratarse en extraordinarias (hasta el 1 de mayo) no puede aprobarse.

Marcelo González contó a Punto biz que se reunieron con las empresas aseguradoras y que el monto a implementar para los seguros es imposible para el arca provincial ya que se calcula un costo de u$s550 M. Por este motivo una de las opciones que plantearon es la de priorizar los momentos y cultivos contra todo riesgo, “si la provincia considera que el maíz es lo más importante, se aseguraría ese cultivo contra todo riesgo y para los demás un seguro menor”. De igual manera el diputado dijo que desde el Ejecutivo aún no se reunieron con las empresas.

Presencia en la Comisión

Participaron en la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, Marcela Fabrissin y Néstor Ruiz de Federación Agraria Argentina; Esteban Hernández de la Sociedad Rural Argentina; Ignacio Mántaras y Sara Gardiol de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe; Lucas Magnano de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro); Roberto Socin, Roberto Perrancino y Carlos Bertone de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe; Gonzalo Turri de la Cooperativa Guillermo Lehmann; Paula Ballarino y Pablo Oggero de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas.