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Agro

Grieta en el campo

El agro se divide entre apoyos a Milei y posiciones en contra de la ley ómnibus

Por Redacción

Entidades rurales tradicionales pusieron el grito en el cielo por las retenciones pero 2.000 pymes adhirieron a la reforma laboral.

El arco rural, que funcionaba bastante unificado desde el enfrentamiento contra el Gobierno de Cristina Kircher por la 125, se estaría resquebrajando en bandos frente a los cambios para el sector que propone el oficialismo libertario en la ya famosa ley ómnibus.

A través del comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), más de 2.000 empresarios, emprendedores y productores agropecuarios manifestaron su apoyo a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el capítulo laboral, mediante la firma de un comunicado que argumenta "que promoverán la creación de empresas, las exportaciones de productos argentinos, la atracción de inversiones y la multiplicación exponencial de fuentes de trabajo".

"En los últimos días, representantes del Comité se han reunido con diputados y senadores nacionales, y con jueces de la cámara de feria del fuero laboral, para expresarles el apoyo a las desregulaciones propuestas por el Gobierno y la urgencia para su implementación", agregan. “Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino”, resaltan.

"Queremos dar un salto hacia adelante impulsando las propuestas que buscan ordenar los costos laborales para las Pymes y emprendedores, fomentando la pronta creación de empleo privado de calidad, generando un mayor bienestar para las familias argentinas que hoy se encuentran arrasadas por la caída del poder adquisitivo. Trabajamos juntos todas las vertientes del sector productivo en el mismo sentido", concluye el PEP en su comunicación. Mirá al final del comento, la lista de empresas que suscriben el comunicado.

Por el contrario, decenas de entidades se plantaron firmes contra la política de retenciones. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió públicamente que el aumento de las retenciones previsto en la ley ómnibus va a provocar "menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción". La entidad realizó un análisis costo-beneficio de los derechos de exportación que realizó esa entidad y comunicaron, que para muchas de las actividades productivas, en particular de las economías regionales, esta nueva presión tributaria "perjudicaría notoriamente a los productores, y el beneficio a obtener por el fisco nacional es escaso".

Para esta confederación, los casos más complicados son los vinos, el algodón, la carne ovina, el aceite esencial de limón, el tabaco, la cadena forestal, la cadena avícola, la cadena porcina, la floricultura, la mandioca, las aromáticas y especias e incluso algunas producciones regionales menores, como por ejemplo semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo.

"La persistencia de las retenciones implica una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto, pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado. Por eso es imprescindible eliminarlas", se quejó la entidad, en un comunicado.

Pero no son solo ellos los que se mostraron en contra, ya que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su "profunda preocupación y rechazo" a la suba de retenciones que está incluida en el proyecto de ley ómnibus. "El CAA reitera que este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el Gobierno".

Además, señaló que si bien se comparte la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, ese objetivo "no sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros". Y reclamó CAA:  "El Gobierno entrante anunció en su campaña que iba a eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de imponer derechos de exportación y que procedería a no imponer este tipo de impuestos".

 A su vez, los bodegueros agrupados en Bodegas de Argentina emitieron un comunicado donde expresan la preocupación de sus asociados a raíz de los recientes anuncios de aplicación de retenciones del 8% a las exportaciones de sus productos.

“Aplicar, derechos de exportación al vino, cualquiera sea su valor, tornan al negocio inviable y genera impacto socio económico negativo”, indicaron desde la cámara empresaria que nuclea a más de 200 bodegas y empresas proveedoras del sector vitivinícola.

De esta manera se suman al rechazo de la reimplementación, tras cuatro meses sin retenciones, de los derechos de exportación como ya lo han expresado también otros organismos del sector como Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).

 Desde el sector remarcaron que Argentina paga en promedio 5% de aranceles para acceder a los mercados como consecuencia de la falta de acuerdos internacionales. Además, la situación del sector es crítica por la baja competitividad del negocio del último año, que se reflejó en una caída histórica de exportaciones de 27% en volumen y 17% en facturación, perdiendo mercados que necesitaron de inversión y tiempo para su desarrollo.

 Si bien no desconocen que la devaluación y el tipo de liquidación 80% al cambio oficial y 20% al financiero fue una mejora competitiva del 20% respecto del sistema vigente previo a las elecciones, esa mejora baja automáticamente al 12% con la aplicación del 8% de retenciones.

 Por otra parte, la otra cara de la devaluación fue en las importaciones donde impactó el mismo 100% de devaluación y además el aumento del Impuesto País de 10 puntos porcentuales llevándolo del 7,5% al 17.5%. “Como consecuencia, los proveedores de los insumos más importante han comunicado incrementos del orden del 60%”, describieron la situación de las últimas semanas.

También relativizaron la mejoría para las arcas del estado con la recaudación en comparación con el golpe al sector: "Representan u$s60 M de costo fiscal. Suma de bajo impacto para las arcas nacionales, pero es cercano al monto que las bodegas gastan en acciones de promoción y publicidad en los mercados en los que están presentes", compararon.

 

 

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