Por Redacción
En 2022, el Sumo Pontífice argentino estableció nuevos criterios en la política financiera eclesiástica.
El Papa Francisco tuvo un impacto significativo en la transformación de la Iglesia en diversos ámbitos, y uno de los más destacados fue su compromiso con la transparencia, la austeridad y la coherencia en la gestión de los recursos financieros de la institución.
El Vaticano, es un estado en el que gran parte de los ingresos provienen de las donaciones que se le hace a la iglesia y de los rendimientos que se obtienen de las inversiones que hacen en diferentes mercados y activos. Cuenta con más de 5000 propiedades inmobiliarias, alrededor del 80% en Italia. También invierte a través de fondos de inversión en empresas de diversos sectores.
A partir de septiembre de 2022, la Iglesia Católica, con Francisco I a la cabeza, puso en vigor una nueva política para las inversiones financieras establecida por el Consejo de Economía del Vaticano y con especialistas del sector que tuvo como objetivo "garantizar que las inversiones se destinen a contribuir a un mundo más justo y sostenible", sostuvo el comunicado en el que se anunció la medida.
Finanzas y religión: el objetivo de Francisco
Según estableció la Iglesia en ese momento, el objetivo era proteger el valor real del patrimonio neto de la Santa Sede, "generando una rentabilidad suficiente para contribuir de forma sostenible a la financiación de sus actividades alineadas con las enseñanzas de la Iglesia Católica, con exclusiones específicas de inversiones financieras que contradigan sus principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común".
Por esta razón, prosigue el comunicado, es importante que dichas inversiones "se dirijan a actividades financieras de carácter productivo, excluyendo las de carácter especulativo y, sobre todo, se guíen por el principio de que la elección de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo y no en otro, es siempre una elección moral y cultural".
En este sentido, la guía que propició el primer Papa argentino buscó orienten a actividades financieras de carácter productivo, excluyendo aquellas de carácter especulativo y, sobre todo, que se guíen por el principio de que la elección de invertir en un lugar en lugar de otro, en un sector productivo en lugar de otro, es siempre una elección moral y cultural.
La normativa entró en vigor el 1 de septiembre de 2022, con un período de moratoria para adaptarse a los criterios propuestos. Desde ese momento, las instituciones curiales se vieron obligadas a confiar sus inversiones financieras a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa), transfiriendo su liquidez para ser invertida - o sus títulos depositados en bancos extranjeros-.
El organismo estableció un fondo único para la Santa Sede al que fluyen las inversiones en los diversos instrumentos financieros y tiene una cuenta para cada institución, procesando los informes y pagando las rentabilidades.
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