Piden llevar a juicio a gremialistas tras bloqueo a una pyme láctea

El fiscal general Martín Butti solicitó que se eleve a juicio una de las causas penales que investiga a miembros del sindicato lechero Atilra por "compulsión a la huelga". Esta decisión surge a raíz de un bloqueo que tuvo lugar en la planta de Lácteos Vidal, ubicada en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, en julio de 2022.

Los imputados, entre ellos el secretario general de Atilra en Trenque Lauquen, enfrentan acusaciones por limitar la libertad laboral y poner en peligro a los empleos en la empresa, de acuerdo con la denuncia presentada por los propietarios de la pyme.

El pedido fue dirigido a la jueza Anastasia Marques, del juzgado N°3 de Trenque Lauquen. La causa, que lleva el nombre de “Moreno, Gastón Emilio y otros s/compulsión a la huelga”, se encuentra bajo el expediente IPP Nº PP-17-00-004240-22/00, y también incluye a “Alarcón Diego Armando y otros s/compulsión a la huelga”. En total, seis personas están acusadas en este caso, y han sido convocadas para declarar entre septiembre de 2023 y junio de este año.

Los acusados son: Gastón Moreno, secretario general de Atilra seccional Trenque Lauquen; Cristian José Martín, empleado y vocal suplente del sindicato; Diego Armando Alarcón, también miembro de Atilra en la misma seccional; Sergio Raúl Longo, secretario adjunto de la seccional; Abel Osmar Damico, empleado y delegado de la fábrica; y Franco Marcelo Yedro, empleado y miembro de la comisión directiva de la seccional. Según el documento del juicio, se considera que hay pruebas suficientes y válidas para continuar con la acción penal contra los acusados.

Alejandra Bada Vázquez, una de las propietarias de Lácteos Vidal, comentó sobre la situación, señalando que las acciones de los sindicalistas tuvieron consecuencias por llevar a cabo una huelga ilegal e injustificada. “No había motivos para realizar una medida de fuerza. Los trabajadores estaban recibiendo sus salarios puntualmente y el Ministerio de Trabajo había realizado las inspecciones pertinentes. A pesar de esto, decidieron bloquear la planta y pretender encubrirlo como una huelga, impidiendo el ingreso de quienes querían trabajar”, explicó.

El fiscal Butti argumentó que hay suficientes elementos para avanzar en el juicio. “Pusieron en grave riesgo los empleos de una comunidad que depende de esta pyme, y limitaron la libertad laboral de quienes deseaban trabajar, utilizando métodos violentos e ilegales. Más tarde o más temprano, recibirán su justo castigo”, afirmó.

Bada Vázquez expresó su esperanza de que se haga justicia y que los responsables sean condenados, para que ningún empleado ni empresario tenga que enfrentar una situación similar a la que vivieron. “No se lo deseo a nadie”, concluyó.