Por Redacción
Los datos de abril y mayo confirman que la recuperación del empleo formal no llega, mientras el monotributo y la informalidad absorben lo que el mercado registrado expulsa.
El fenómeno tiene una lectura macroeconómica ineludible y una traducción cotidiana que se siente en el bolsillo de millones de hogares.
Los indicadores laborales publicados en las últimas semanas dibujan un cuadro que ya no admite matices: el empleo
argentino no reacciona, y cuando lo hace, lo hace en la dirección equivocada. La Cuenta de Generación del Ingreso
del INDEC registró para el primer trimestre un incremento interanual de apenas 0,9% en los puestos de trabajo
totales, cifra que a primera vista podría leerse como una señal de estabilización. Sin embargo, la composición de ese
número revela una dinámica de fondo mucho más preocupante: los puestos asalariados registrados cayeron 1,1%,
mientras que el crecimiento provino exclusivamente de los no registrados (+3,4%) y los no asalariados (+2,5%).
Los datos más recientes del SIPA, correspondientes a abril, profundizan el diagnóstico. El empleo registrado total
cayó 0,7% interanual, con un derrumbe del 2,1% en el empleo asalariado privado, una baja del 0,4% en el sector
público y una contracción del 1,2% entre los autónomos. La única variable que amortiguó la caída fue el
monotributo, en expansión. Puertas adentro del sector privado formal, la industria lidera las bajas con un 4,5%
interanual, seguida por el comercio (-2,7%) y las actividades empresariales (-1,9%): tres ramas que, no por
casualidad, concentran buena parte del empleo de calidad de la economía argentina.
A esto se suma la Encuesta de Indicadores Laborales de mayo, que volvió a mostrar una variación negativa (-0,1%)
en el nivel de empleo. Más elocuente aún es el dato de expectativas empresariales: solo el 5,7% de las firmas
anticipa cambios en su dotación de personal, y dentro de ese universo reducido, las expectativas netas apenas llegan
a 0,1%, el registro más bajo en dos años. No hay, en el horizonte inmediato, señales de una demanda de trabajo
formal dispuesta a despegar.
Un ajuste que se resuelve por cantidades, no por precios
Desde una perspectiva agregada, este patrón no es una anomalía coyuntural sino la manifestación de un mercado de
trabajo que absorbe el ajuste macroeconómico por el lado de la cantidad y la calidad del empleo, y no
exclusivamente por el lado de los salarios reales. La combinación de caída del empleo asalariado registrado con
expansión del monotributo constituye, en rigor, un proceso de sustitución institucional: puestos de trabajo que antes
se sostenían bajo relaciones de dependencia formal migran hacia figuras de menor costo laboral y previsional, tanto
para el empleador como, en muchos casos, de manera forzada para el trabajador.
Este fenómeno tiene consecuencias fiscales y de productividad que exceden el dato mensual. Una estructura de
empleo que se desplaza hacia la informalidad y el monotributo erosiona la base contributiva del sistema de
seguridad social, reduce la inversión en capital humano específico de firma —dado que los contratos más precarios
desincentivan la capacitación— y tiende a consolidar una economía de baja productividad relativa. La caída
simultánea en industria, comercio y actividades empresariales sugiere, además, que la contracción no es sectorial
sino transversal a la economía formal urbana, lo cual limita el argumento de que se trate de una recomposición
friccional entre ramas.
Las expectativas empresariales netas en mínimos de dos años son, en este sentido, un indicador adelantado
relevante: anticipan que la debilidad no es un fenómeno de arrastre estadístico sino una tendencia que las propias
firmas —con información privada sobre su demanda y sus costos— no esperan revertir en el corto plazo.
La lectura desde la vida cotidiana: la precariedad como experiencia, no
como estadística
Para la persona que transita este mercado laboral, estos números se traducen en experiencias muy concretas. Perder
un empleo asalariado registrado y reinsertarse como monotributista no es un cambio de categoría estadística:
implica, en la mayoría de los casos, resignar aguinaldo, vacaciones pagas, obra social plena, aportes jubilatorios
estables y protección ante el despido. Es, en los hechos, un retroceso en la calidad de vida material aun cuando el
ingreso nominal pudiera mantenerse similar por un tiempo.
Esta precarización creciente se combina, según el propio texto de referencia, con salarios que no muestran la
recuperación esperada. La conjunción de ambos factores —menos empleo de calidad y salarios reales estancados—
explica de manera directa los pobres números de consumo masivo que se observan en paralelo. El hogar promedio
no solo enfrenta un poder de compra que no repunta: enfrenta, además, una creciente incertidumbre sobre la
estabilidad del ingreso futuro, lo cual retroalimenta una lógica de precaución en el gasto, postergación de compras
durables y mayor endeudamiento de corto plazo para sostener el consumo básico.
En este marco, la caída del empleo industrial y comercial —sectores tradicionalmente asociados a la movilidad
social ascendente y a la sindicalización— tiene un correlato territorial y generacional: golpea con mayor intensidad a
trabajadores de mediana edad con oficios específicos y a jóvenes que buscan su primera inserción laboral formal,
quienes encuentran cada vez con mayor frecuencia el monotributo como única puerta de entrada al mercado de
trabajo.
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