Competencia desleal: salió un fallo aleccionador en el caso Uber

La discusión sobre el lugar que ocupan Uber y otras plataformas digitales en el sistema de transporte de pasajeros sumó un nuevo capítulo. Un reciente fallo de la Justicia porteña puso el foco en la falta de regulación de estas aplicaciones y advirtió sobre las desigualdades que existen respecto de los servicios tradicionales de taxis y remises.

La sentencia resolvió una serie de demandas cruzadas vinculadas a la actividad de Uber y otras plataformas similares, y terminó enviando un mensaje directo a los gobiernos que durante años evitaron tomar decisiones de fondo sobre el tema.

Para el abogado Luis Armando Carello, se trata de un fallo "trascendente e inusual", que expone una problemática que comenzó hace más de diez años, cuando las aplicaciones de transporte irrumpieron en el mercado ofreciendo tarifas más bajas y una alternativa para quienes buscaban generar ingresos utilizando sus vehículos particulares.

Desde su desembarco, Uber sostuvo que su función se limita a conectar pasajeros con conductores a través de una plataforma tecnológica, por lo que no debería ser considerada una empresa de transporte en los términos tradicionales. Sin embargo, Carello entiende que la realidad operativa demuestra otra cosa.

Según plantea, las plataformas no solo ponen en contacto a las partes, sino que determinan quién realiza el viaje, establecen requisitos para los vehículos y los conductores, fijan las tarifas y administran los mecanismos de cobro. "Esa nueva tecnología no modifica la esencia del servicio", sostiene.

En ese sentido, cuestiona uno de los argumentos históricos de Uber. "Durante bastante tiempo se trató de hacer aparecer la novedad simplemente como una relación entre un particular y el propietario de un vehículo dispuesto a prestar un servicio ocasional. Pero la verdad ciertamente era y es otra", afirma. Para el abogado, las plataformas organizan y controlan aspectos centrales de la prestación, por lo que no pueden ser consideradas simples intermediarias tecnológicas.

El planteo coincide con el reclamo histórico de taxistas y remiseros, que desde la llegada de estas aplicaciones denuncian una situación de competencia desigual. Mientras el transporte regulado debe cumplir una extensa lista de requisitos, habilitaciones, seguros y controles, las plataformas operaron durante años bajo condiciones mucho más flexibles.

Qué resolvió la Justicia

La causa se originó a partir de una demanda impulsada por sindicatos y asociaciones vinculadas al sector del taxi y los remises, que cuestionaron la falta de intervención del Gobierno de la Ciudad para controlar la actividad de Uber y otras aplicaciones similares. En paralelo, conductores y usuarios de Uber reclamaron que se declarara la legalidad del servicio y que no se le aplicaran las regulaciones previstas para taxis y remises.

En primera instancia, todas las demandas fueron rechazadas, aunque el juez recomendó a las autoridades avanzar en una regulación específica. Esa sugerencia no tuvo respuesta. Ahora, la Cámara concluyó que la inacción de los poderes Ejecutivo y Legislativo porteños genera perjuicios concretos para quienes prestan el servicio público de transporte de pasajeros y decidió adoptar medidas transitorias mientras se define un marco regulatorio.

Entre ellas, dispuso beneficios arancelarios para taxis y remises, ordenó avanzar en el cobro de Ingresos Brutos a plataformas como Uber y exigió una mayor fiscalización sobre la publicidad de estos servicios. Además, instruyó a las autoridades a desarrollar campañas informativas destinadas a los usuarios para explicar las diferencias regulatorias existentes entre las plataformas y los servicios habilitados.

Un mensaje para la política

Uno de los aspectos más destacados del fallo es el cuestionamiento explícito a la demora de los poderes públicos para abordar el fenómeno. La propia Cámara sostuvo que existe una inacción difícil de justificar frente a un problema que involucra aspectos económicos, sociales y políticos de gran relevancia.

Carello también destaca que el tribunal fue especialmente crítico con esa pasividad. "Los jueces del caso no se limitaron a mirar para otro lado frente a un problema evidente", señala. A su entender, la Cámara logró respetar la división de poderes, pero al mismo tiempo dejó en claro que la falta de regulación estaba generando consecuencias concretas sobre quienes prestan el servicio bajo las reglas vigentes.

La reacción del Gobierno porteño fue inmediata. Tras conocerse la sentencia, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que impulsará un decreto y enviará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a ordenar la actividad. Sin embargo, la situación excede a la Ciudad de Buenos Aires. En numerosas provincias y municipios las plataformas operan en un escenario similar, con regulaciones incompletas o directamente inexistentes.

El debate que sigue abierto

Para Carello, el fallo comienza a cerrar la denominada "laguna jurídica" que Uber invocó durante años para justificar su funcionamiento por fuera de los marcos regulatorios tradicionales. La cuestión de fondo, sostiene, pasa ahora por definir si el transporte de pasajeros mediante plataformas debe ser considerado un servicio público o, al menos, quedar sometido a reglas equivalentes a las que cumplen taxis y remises.

"Si se prestan servicios iguales, deberían existir condiciones iguales", resume el abogado. Para Carello, el debate ya no puede seguir postergándose. "Ha llegado la hora de tomar el toro por las astas y analizar la posible declaración del transporte automotor de pasajeros mediante estas plataformas como servicio público, o por lo menos aplicar reglas y condiciones iguales a quienes prestan iguales servicios", sostiene. A su juicio, mantener esquemas regulatorios distintos para actividades equivalentes termina consolidando "lo que parece a las claras una suerte de competencia desleal".

La Justicia porteña dio un primer paso para empujar esa discusión. Ahora la pelota quedó del lado de los gobiernos y los legisladores, que deberán decidir cómo encuadrar una actividad que ya forma parte de la vida cotidiana de millones de usuarios.