Autopista: Provincia responde el golpe a constructoras corridas de la concesión

El gobierno provincial no le otorgará la repavimentación de 30 km de la autopista Rosario-Santa Fe a la UTE que, tras aprobar la oferta técnica, presentó el presupuesto más barato, que incluso estaba por debajo del presupuesto oficial.

¿Por qué no? Habrá que esperar la explicación oficial, habida cuenta de que lo que está en juego son fondos públicos, pero se puede aventurar que la política metió la cola: es que la UTE que presentó la oferta (Laromet-Vial Agro) es la misma que tenía la concesión de la autopista, cuyo contrato le fue rescindido a fin del año pasado en medio de cruzadas acusaciones por incumplimientos. Ayer, fuentes del Ministerio de Infraestructura informaron a punto biz que este jueves se firmaría el contrato con la empresa ganadora, que no será la UTE en cuestión.

Cuando punto biz dio cuenta que la oferta más barata fue la de esa UTE, la licitación se politizó y rápidamente legisladores opositores salieron a quejarse. Es que la jugada de la UTE dejó en completo off side a la administración que no podía afrontar el costo político de adjudicar  la obra a los empresarios que había corrido apenas unos meses atrás, en una discusión que, con lo justo, no llegó a Tribunales.

Es más, en la UTE no descartaban presentarse a la próxima licitación de la repavimentación de un segundo tramo con una oferta igual de contundente y hasta pensaba pujar por la administración de los peajes que el gobierno provincial piensa licitar a fin de este mes.

En concreto, Laromet y Vial Agro ofertaron $248M, cuando el presupuesto oficial era de $297M. Y además le sacó bastante ventaja a los $276M de Edeca, Obring y Rava; los $266 M de Guerechet, los $270 de CRZ, Boetto y Buttigliengo; los $285M de Rovial; los $319 de Luis Losi, y los $324M de Alquimaq.

¿Cómo en tiempos de inflación se puede presentar una oferta más baja que el presupuesto? En la empresa sostienen que lo pueden hacer porque conocen con exactitud los números del negocio. No opinan los mismo en el gobierno y tampoco otros actores privados del negocio. Es que desde un punto de vista técnico es una obra muy simple como para que haya tanta diferencias de precio, más cuando los que también la quisieron ganar presentaron ofertas muy ajustadas. Y por eso creen que la UTE presentó un presupuesto de quebranto con clara intencionalidad.

Pese a la puja, hubo contactos entre las partes. Por el lado de Infraestructura, la que llevó las conversaciones fue la secretaría de Coordinación Técnica y Financiamiento del Ministerio de Infraestructura, Teresa Beren, funcionaria que primero puso en stand by la resolución mientras buscaba la vuelta técnica para bajar a la UTE. En algún momento se barajó que la declaración de Emergencia Vial podría dar herramientas para explicar la decisión, pero finalmente no fue necesario.

Ahora, habrá que ver que ver cómo reacciona la UTE. Y también habrá que ver qué margen tiene de seguir pujando administrativamente ante una resolución en contra como la que va tomar el gobierno. Es que la salida anticipada de la concesión no vino con multas, punitorios o ejecución de garantías (es más, pese a que los sacaron, la Provincia les aseguró que pagará certificados por obras realizadas todavía no abonadas, promesa que sigue firme por más que no abonó). No obstante, sí le hizo daño financiero porque les alteró todo el esquema de negocios a las constructoras que apostaban con quedarse mucho tiempo allí, renegociación contractual de por medio.