Por Redacción
La guía británica que presentó el Reino Unido ofreció respaldo a las compañías y llegó tras 60 procedimientos sancionatorios abiertos por Argentina.
El Gobierno del Reino Unido publicó este martes una guía oficial dirigida a empresas y particulares con negocios vinculados a las Islas Malvinas y ofreció respaldo institucional a quienes enfrenten presiones de Argentina por esas actividades. El documento también ratificó la posición británica a favor del desarrollo de los recursos naturales del archipiélago, incluidos los hidrocarburos.
La guía, titulada Doing business with the Falkland Islands, fue difundida por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) y el Department for Business, Innovation, Science and Trade. Está destinada a compañías que operen en las islas, les suministren bienes o servicios o participen directa o indirectamente en su economía, incluida la explotación de recursos naturales.
Londres sostuvo que Argentina no tiene jurisdicción sobre las empresas o individuos que desarrollen actividades comerciales vinculadas con las islas y anticipó que mantendrá esa posición ante el Gobierno argentino, organismos internacionales y compañías que soliciten garantías. El documento contempló expresamente la posibilidad de que las firmas reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales de autoridades argentinas.
El respaldo ofrecido tiene un alcance concreto para el sector privado. Si una compañía, una subsidiaria o alguno de sus proveedores enfrenta presiones en un tercer país por sus negocios vinculados con Malvinas, el Gobierno británico se mostró dispuesto a intervenir para dejar clara su posición ante la empresa interesada. La guía aclaró, de todos modos, que esa asistencia no constituye asesoramiento jurídico y recomendó buscar consejo legal independiente.
La presión argentina sobre las empresas
La publicación llegó después de que el Gobierno de Javier Milei endureciera las herramientas administrativas contra las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina. El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas y, cuatro días después, sumó otras 15, por lo que el universo investigado llegó a 60 sujetos.
El nuevo esquema quedó reforzado por el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, fijó un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo e incorporó controles vinculados con esa normativa para quienes busquen adherir al Rigi u obtener permisos y concesiones hidrocarburíferas en Argentina. La legislación prevé inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan las prohibiciones.
La Casa Rosada también anunció denuncias penales contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. por presuntas actividades de exploración o explotación en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.
En paralelo, la guía británica reafirmó que el gobierno de las islas regula la actividad económica dentro del archipiélago y defendió su potestad para avanzar con el aprovechamiento de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Londres sostuvo además que las decisiones sobre esos proyectos corresponden a las autoridades isleñas y a las compañías involucradas.
El cruce comercial se montó así sobre la disputa de soberanía que mantienen ambos países. Las islas permanecen bajo administración británica, mientras Argentina sostiene su reclamo soberano y considera que la exploración y explotación de recursos en los espacios marítimos involucrados requiere autorización nacional. El Gobierno británico, en cambio, rechazó en la nueva guía la aplicación de la legislación argentina sobre las compañías que operan vinculadas con el archipiélago.
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