Qué hay detrás de la arremetida de Pullaro contra “vicios y jodas” en EPE y Assa

Antes, los docentes. Después, los jueces. El adversario elegido ahora anida en las empresas del Estado provincial, las que proveen energía y agua potable. El gobernador Maximiliano Pullaro decidió esta semana arremeter contra empleados y delegados sindicales. Habló de “privilegios” y prometió terminar con la “joda” de quienes, dijo, manejan prerrogativas laborales que deben pagar todos los contribuyentes. ¿Qué busca con este embate? ¿A quiénes apunta? ¿Pretende justificar, así, un ajuste profundo? ¿Acaso está sembrando el terreno para dejar esas firmas en manos privadas? 

El Ejecutivo viene de obtener una victoria compleja, no exenta de costos, con la reforma previsional. Tuvo, para eso, que enfrentarse con distintas representaciones sindicales. Logrado ese objetivo, ahora camina con cierto sigilo para avanzar con otras modificaciones de peso: los cambios en la Corte Suprema y en la Constitución provincial. Parece parte de la nueva estrategia: prefiere certezas antes que celeridad. Por eso se ha hecho a la idea de que si no es posible este año, como desea, será el que viene. 

Sabe que por lo sensible de esos asuntos es inevitable el respaldo de la oposición. No son temas con los que, como sucedió con la caja previsional, pueda avanzar con los votos y el respaldo sólo de los legisladores propios. Necesitará que maduren algunos acuerdos. Incluso, dentro de la propia coalición oficialista.  

Mientras eso se cocina a fuego lento, Pullaro ha decidido vender su costado de administrador austero. Es algo que hoy cotiza en alza. El gobernador buscó exponer algunos vicios que sobrevuelan a las empresas que el Estado debe controlar. Fue pocos días después de que Javier Milei le pidiese a las provincias que profundicen el ajuste. El gobernador primero se enojó, entendiendo que era inaceptable pedirle a Santa Fe más de lo que ha hecho en estos últimos meses. Tras esa molestia inicial moderó sus palabras y sembró la idea de que el pedido del libertario no era para la administración santafesina. El tercer paso, pocos días después del reclamo presidencial, fue apuntar sus cañones contra Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Hay una sociedad ávida porque se eviten los despilfarros. Es una demanda central en estos tiempos. La población, arrasada por el flagelo de una economía turbulenta, lo exige. 

El gobernador lo sabe y buscó pulsear a fondo. Con todos los recursos y agitando algunos fantasmas. Hasta jugó con el silencio y las evasivas cuando le consultaron si estaba dispuesto a avanzar con un plan de privatizaciones. Ese silencio busca, como efecto, demostrar que está dispuesto a todo en esta cinchada. 

Aunque debe definirse un nuevo marco regulatorio en el caso de ASSA –podría funcionar como sociedad anónima con capital del Estado, como sociedad del Estado con o sin el aporte de capital privado o directamente ser privatizada–, sus funcionarios deslizan que no es la idea que el Estado se aparte de la conducción.  

¿Qué quiere Pullaro?

El gobernador apuró la emergencia para ASSA, lo que le permitió readecuar el cuadro tarifario y avanzar con controles internos. Así, logró por ejemplo reducir los niveles de ausentismo y el número de horas extras; el uso de automóviles corporativos, el gasto en combustibles y el corte de líneas telefónicas. Se revisan, además, los pases a planta permanente y los nuevos ingresos. Se evita, al mismo tiempo, el pago de premios instaurados en el pasado y hasta se busca testear la capacidad de los empleados actuales para chequear sus idoneidades. 

Tanto en la EPE como en la empresa proveedora del agua potable,el Ejecutivo agitó el tema de las incorporaciones por lazo familiar, una mecánica establecida por los convenios de trabajo que la administración pullarista ve como una práctica vetusta. La compran con los títulos nobiliarios que se heredaban en la edad media.  

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, parte de la mesa chica en la que se apoya Pullaro desde sus tiempos de candidato, le reclamó al directorio de la EPE que elabore un nuevo mecanismo de ingresos en el que se tenga en cuenta capacidades y antecedentes, con concursos transparentes, públicos y abiertos. La idea es recortarle a las patronales gremiales la chance de tallar en las incorporaciones. 

Hay otra señal que intenta darse a la sociedad: en el Gobierno aseguran que el dinero que ahorraron con los recortes iguala al que se consiguió recaudar con aumentos de hasta el 450 por ciento aplicado en las tarifas. Dicho de otro modo: se intenta mostrar que el esfuerzo está repartido y que el usuario no está sosteniendo privilegios. 

Los gremios de Luz y Fuerza y de Obras Sanitarias parecen haberse convertido, por estos días, en los nuevos adversarios. Desde las conducciones sindicales rechazan las acusaciones y dicen que Pullaro utiliza la misma receta que Milei: demonizar a los trabajadores estatales para avanzar con desmedidos ajustes. En esta pulseada no todo es cuestión de ahorrar dinero. Algunas acciones políticas, en este tiempo, dejan otro tipo de dividendos.