Prorrogaron contratos de 40.000 estatales hasta marzo, ¿qué planean después?

El 31 de diciembre, al menos 40.000 empleados públicos de la administración nacional que están bajo modalidad de contrato (no integran la planta permanente estatal) vieron caer sus convenios. Desde que asumió, la gestión de Javier Milei viene renovando estas contrataciones de forma precaria, cada tres meses, para definir qué porción de los trabajadores mantiene su puesto y cuáles son despedidos. Lo hará otra vez ahora con nuevas prórrogas hasta fines de marzo a la espera de que estos empleados realicen un examen de idoneidad para pasar a un régimen de mayor estabilidad.

Según datos que publicó en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que controla el área del empleo público, entre la asunción de Milei y noviembre de 2024 fueron dados de baja casi 36.000 empleados públicos que estaban bajo el régimen de contratación.

Otros 40.000 empleados siguen contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regímenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales. A todos ellos se les venció su convenio el último día del 2024, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses.

En el Gobierno señalaron a La Nacion que se espera que esta sea la última prórroga: el ministerio de Sturzenegger dispuso que todos ellos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un “examen de idoneidad” con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.

“De los empleados contratados, a partir de marzo seguirán los que cumplan con dos condiciones: el examen de idoneidad aprobado y que sus jefes consideren que la persona cumple una función necesaria para el área”, dijo un colaborador oficial.

Según fuentes oficiales y gremiales, hasta ahora rindieron el examen 14.000 empleados (Sturzenegger dijo que el 95% de los que hicieron la prueba la aprobaron).

“Se supone que a partir de la aprobación del examen el empleado deja de estar tan precarizado. En lugar de renovarle el contrato por tres meses va a tener contrato por un año”, dijo a La Nacion Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). “De todas formas no terminan de darle estabilidad al trabajador”, agregó.

En ATE aseguran que no son 40.000 sino más de 55.000 los empleados a los que se les venció su contrato el 31 de diciembre. Contabilizan también los monotributistas bajo locación de servicios y los 2400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor. El Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan un convenio a través de Acara.

En ATE señalaron que con el cambio de año “se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales”. El caso más resonante es el de del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, donde 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que a partir de hoy no debían presentarse a trabajar.