Santa Fe tiene todo para crecer pero debe resolver la litigiosidad laboral

Tiene talento, capacidad productiva, empresas, emprendedores, agro, industria, servicios y una ubicación estratégica. Tiene, además, una enorme tradición de trabajo y producción. En un país que comienza a recuperar la conversación sobre inversión y crecimiento, nuestra provincia debería estar entre las principales protagonistas.

Para que eso ocurra, tenemos que seguir mejorando las condiciones que hacen posible invertir, producir y generar empleo formal.

Y hay un tema que merece atención: la creciente litigiosidad vinculada a los accidentes de trabajo.

En los primeros ocho meses de 2026 se iniciaron en Santa Fe 14.927 juicios. El crecimiento frente al mismo período del año anterior fue del 19,7%, mientras que a nivel nacional fue del 3,4%. La comparación con Córdoba también resulta significativa: allí se registraron 5.097 causas y una reducción interanual del 7,8%.

Estos números deberían deberían llevarnos a una discusión más amplia. 

No porque haya que limitar ningún derecho. Todo lo contrario.

Cuando un trabajador sufre un accidente o una enfermedad profesional, el sistema tiene que darle una respuesta rápida, profesional y justa. Debe recibir la atención que necesita y la indemnización que le corresponde, sin demoras innecesarias y, en la enorme mayoría de los casos, sin tener que iniciar una demanda para conseguirlo.

Al mismo tiempo, quien invierte necesita poder estimar razonablemente los riesgos de contratar y producir.

Las decisiones empresarias siempre miran hacia adelante. Antes de abrir una planta, ampliar una empresa o incorporar trabajadores se evalúan costos, demanda, financiamiento, impuestos y también previsibilidad jurídica.

Cuando determinados costos se vuelven difíciles de anticipar, la inversión encuentra una razón más para demorarse.

Y eso tiene consecuencias que muchas veces no vemos.

No aparece una estadística que registre la fábrica que finalmente no se amplió, la pyme que decidió esperar antes de incorporar cinco trabajadores o la inversión que terminó eligiendo otra jurisdicción.

Por eso resolver la litigiosidad no es solamente una cuestión del sistema de riesgos del trabajo. Es también una política de desarrollo.

La buena noticia es que Santa Fe ya comenzó a recorrer ese camino.

La provincia avanzó con cambios en su procedimiento laboral y con la creación de un cuerpo médico especializado para intervenir en estos procesos. Ahora el desafío es completar esa implementación, dotarla de los profesionales necesarios y lograr que funcione con criterios médicos sólidos, transparentes y consistentes.

Las diferencias entre lo determinado por las Comisiones Médicas y una posterior pericia judicial naturalmente pueden existir. Pero cuando existan deberían responder a razones técnicas claras y debidamente fundamentadas.

Ese es el equilibrio que necesitamos construir.

Un trabajador no debería tener que esperar años para saber cuánto le corresponde. Una empresa tampoco debería convivir con una contingencia imposible de dimensionar.

No son intereses contrapuestos.

Un buen sistema de riesgos del trabajo tiene que lograr las dos cosas: proteger mejor al trabajador y dar mayor previsibilidad a quien genera empleo.

Santa Fe tiene una oportunidad enorme por delante. Las reformas están iniciadas. Tenemos instituciones capaces, un entramado productivo extraordinario y una provincia con vocación de crecimiento.

Ahora necesitamos terminar el trabajo.

Si conseguimos que quien se accidenta reciba rápidamente lo que le corresponde, que los criterios médicos sean consistentes y que las empresas puedan estimar adecuadamente sus riesgos, habremos eliminado una barrera importante para la inversión.

Porque el objetivo final no debería ser simplemente tener menos juicios.

Debería ser mucho más ambicioso: tener trabajadores mejor protegidos, empresas con mayor previsibilidad y una Santa Fe en la que cada vez más personas puedan invertir, producir y generar empleo.



(*) CEO de Grupo San Cristóbal y Presidente de Adira