El gobierno da marcha atrás y descarta tomar control sobre las clínicas

El ministro de Salud Ginés González García recibió este jueves al mediodía en su despacho a los representantes de clínicas y medicina privada de todo el país. El encuentro fue para acercar posiciones luego de que se conociera la intención del Gobierno de avanzar en un DNU que declare de interés público todos los recursos sanitarios del país en medio de la crisis por el coronavirus, sin importar si son de carácter público nacional, provincial o privados. Sin embargo, la intervención del sistema privado ya habría sido descartada de plano.

A través de una resolución del ministerio de Salud, avalada por el decreto que declaró la emergencia sanitaria, se montará una instancia de coordinación nacional para conocer minuto a minuto el estado y el factor de ocupación de las camas de internación común y de terapia intensiva, entre otros recursos. La idea es que la iniciativa se replique en las provincias y que si faltan camas de terapia en hospitales públicos puedan ser suplidas en los sanatorios privados. "Se declarará a todo el sistema de salud con fines públicos", confirmaron en el Ejecutivo.

"Queremos estimular la coordinación en todas las jurisdicciones entre lo público y lo privado para que las decisiones tengan un fin público en el marco de esta emergencia", explicó González García al diario Clarín, una vez terminada la reunión. 

La medida se implementaría a través de una resolución del ministerio, que es la autoridad de aplicación en el marco de la pandemia, por el DNU 260 del Presidente. Fue a través de ese instrumento, por ejemplo, que el Gobierno decretó el 14 de marzo y -solo con la firma del ministro- el cierre de las fronteras para los no residentes.

González García había adelantado a diputados de la comisión de Salud que a través del fallido DNU pretendía avanzar en la interconexión entre las terapias intensivas de todo el país. 

El decreto pretendía darle al Ejecutivo el marco legal para centralizar las compras de insumos críticos y disponer de camas y materiales del sistema médico argentino. “Queremos que cada jurisdicción entienda racionalmente que todos los argentinos tengan los recursos que tienen que tener”, sentenció González García ante los diputados de la Comisión de Salud.

En el segundo piso del ministerio de Salud se dieron cita José Cherro, de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra); José Sánchez, de la Federación de las Cámaras de Emergencia, Gabriel Bargaballo, gerente de Osde y Asociación civil de Telemedicina de la República Argentina); y Luis María de Grossi, por la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp). Junto a Gines articipó el superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini. "Fue una reunión muy cordial", dijeron desde ambas partes.

El ministro y los empresarios acordaron mantener reuniones periódicas y establecer un sistema de cooperación mutua. El ministro dio por sentado que deberán reforzar las partidas a través de la superintendencia de Salud y aquellas dirigidas a las provincias. 

El miércoles, apenas trascendió la noticia del eventual DNU, los empresarios de la salud habían hecho saber su malestar y advirtieron que podrían avanzar con recursos de amparo si el presidente Alberto Fernández sancionara el decreto.