Revuelo en el Enapro por el acuerdo con TPR para extender concesión

El nuevo presidente del Enapro, Guillermo Miguel, estuvo semanas hasta lograr conseguir el documento con el acuerdo marco que su antecesor en el cargo, Ángel Elías, firmó con Terminal Puerto Rosario (TPR) para extenderle la concesión de las terminales I y II del puerto local. Y al analizar su contenido se entiende porque las autoridades salientes lo habían dejado bien guardado. Es que, según interpretan las nuevas autoridades, es claramente desfavorable para el Enapro y a pedir de los intereses de la concesionaria.

En líneas generales, el pre-acuerdo firmado el año pasado le extiendía el plazo de la concesión a cambio de una inversión de u$s25M para reconstruir el muelle sur (que se usa para contenedores), obra que demandarían unos u$s40M siendo el ente el que aportaría el resto. Y como esa inversión sólo se puede costear con crédito externo, la empresa quería extender su contrato para poder conseguir mejores condiciones de financiamiento. 

Pero, según información que acercó a punto biz uno de los directores empresarios del Enapro, hay puntos polémicos desde el inicio del proceso. Por ejemplo, fue el Enapro el que pagó u$s60.000 por el informe técnico para relevar las condiciones del muelle a refaccionar, pero TPR manejó en soledad y sin darle cabida alguna al ente la elección de la consultora que lo realizaría. La concesionaria eligió a la firma Grymmitt, que empezó a trabajar a finales de 2018 y entregó sus informe a mediados de 2019. Para ese entonces, el directorio del ente aprobó que Elías pueda negociar y firmar en soledad el entendimiento marco al que arribe con TPR, una decisión que ahora que trasciende el contenido explica la preocupación de algunos de sus miembros.

Lo cierto es que la propia consultora determinó que muchos de los problemas que tiene el muelle sur, que disparan la necesidad de reconstruirlo, son por falta de mantenimiento y no sólo por antiguedad. Por ejemplo, por daños provocados por las embarcaciones al amarrar. El tema es que esas tareas de refacción estaban a cargo del concesionario y éste no las hizo. Para peor, las nuevas autoridades del ente no encuentran documentos que certifiquen que la gestión de Elías haya controlado y sancionado a TPR por ese incumplimiento.

Es que en la convocatoria de acreedores de TPR, impulsada por Vicentín apenas asumió el control de la concesionaria, el Enapro de Elías bajó la exigencia (que estaba en el contrato de concesión original) de que la empresa debía hacerse cargo de la reconstrucción de muelles. Pero si bien quedó desobligado de esa inversión, sí seguía obligado en mantenerlo. Y al no hacerlo, y el Enapro no exigirlo, ahora el muelle debe ser refaccionado, lograndoTPR que el costo sea repartido (el Enapro debía aportar el resto para llegar a los u$s40) y encima alargando la concesión.

Pero no sólo eso. Del acuerdo surge que los u$s25 que debía poner TPR incluían intereses y costos impositivos por el crédito a tomar. Según cálculos que hicieron ahora en el ente, al final no llegaba ni a u$s10M lo que iba a aportar la concesionaria quedando entonces el Ente obligado a poner no u$s15 sino u$s30M si se quería completa la obra. Es más, se había acordado que si el Ente no conseguía ese dinero para completar la obra, igual le daban los 25 años extra a TPR. ¿Si urgía extender el contrato para reconstruir cuanto antes el mulle, por qué lo dejarían seguir operando si esa obra no se hace?

El interrogante ahora es si el nuevo gobierno provincial avalará este pre-acuerdo.

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