Analizan sumar a las Bolsas en el control del registro de operaciones

El Ministerio de Agroindustria de la Nación estudia cambios a la plataforma electrónica de registro obligatorio de las operaciones de compra venta de granos (Sio-Granos) con el objetivo de controlar mejor que los precios declarados por los operadores sean los verdaderamente pagados. Y para hacerlo, una posibilidad en análisis en recurrir a las Bolsas cerealeras para que comparen si el precio informado en el Sio-Granos es el mismo con el que se quiere registrar el contrato en Bolsa. Ahora, ¿quién pagará y cuánto costará ese servicio de cruce informativo?

El anterior gobierno nacional impulsó la creación del Sio-Granos para informar lo que ocurre al mercado físico de granos tras los reclamos de productores por falta de transparencia en los negocios OTC y en la formación de precios por la mercadería de comercio spot. Cuando cambió la administración nacional, se mantuvo la plataforma pero se le dio un amplio refresh, por ejemplo quitando a la CNV del medio, mejorado el proceso de declaración y sumando personal para el control de lo allí declarado. Y si bien se hicieron muchos ajustes, el paso que debe darse con SIO Granos para que adquiera el estatus de información confiable es controlar que las operaciones que se declaran (fecha, volúmenes y precios) sean veraces, oportunas y congruentes. De no ser así, el sistema -con el tiempo- perderá credibilidad.

Es en ese marco que la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio analiza los nuevos cambios al Sio-Granos. Punto biz dialogó la semana pasada con Jesús Silveyra, el funcionario a cargo de esa área, en la Expo Rural de Palermo. 

-¿Piensan darle a las Bolsas el control de lo que se declara en el Sio-Granos?, le preguntó punto biz.

- Estamos analizando cambios y reformas. Y una de las alternativas en estudio es que las Bolsas colaboren en cotejar lo informado en los contratos de compra-venta que les van a registrar a sus oficinas con lo que se declaró por la misma operación en el Sio Granos para detectar inconsistencias. Repito que es un tema que recién se está analizando puertas adentro. Pero nos interesa avanzar porque en la medida que tengamos un sistema de control ajustado vamos a poder sancionar a quienes voluntariamente no declaren lo que realmente operen.

-¿Y quién pagará ese servicio? Porque habrá que hacer muestreos de declaraciones que generen dudas, solicitar aclaraciones y documentación extra.

- Todo está en estudio. Seguro no será con fondos públicos. Igual, sería un costo mínimo.

La posibilidad de que las Bolsas actúen como controladoras puede convertirse en un tema realmente conflictivo. Por ejemplo, quien declare información incongruente o fuera de término podría optar por no registrar el contrato en Bolsa (con el perjuicio que ello conlleva para las instituciones) o hacerlo cambiando parte de los datos de la operación ( por ejemplo, la fecha). En el primer caso, las Bolsas podrían perder ingresos, más que sumarlos, por hacerse cargo de esa función, como el gobierno puede presentarlo y algunas de las Bolsas más chicas, urgidas de ingresos, calculen. Con todo, conceptualmente suena difícil de justificar que el Estado delegue en entidades privadas una facultad que le es propia: el “poder de policía”. Y sobre las sanciones, no son pocos los cerealistas que sostienen que el Ministerio debe castigar severamente al operador que incumpla con la obligación de informar o que declare fuera de tiempo o falaz, por ejemplo suspendiéndolo del Ruca.