Prohíben la actividad de un laboratorio por otras graves irregularidades

Las muertes por el uso de fentanilo contaminado en instituciones del sistema público y privado de salud de la Argentina sumó un capítulo este martes al confirmarse que el Gobierno dispuso la suspensión de las actividades en las dos plantas que pertenecen al laboratorio HLB Pharma Group, que produjo el compuesto que generó un brote en curso de infecciones invasivas graves asociadas a su uso.

La inhibición, que es un paso previo a la clausura, se determinó en la Disposición 3158/2025 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que depende del Ministerio de Salud, y llega luego de que ya se registraran nueve muertes y un total de 20 casos.

En los cuatro artículos que tiene la decisión publicada en el Boletín Oficial, por una parte se inhibieron las actividades productivas de la firma HLB Pharma Group S.A. en su planta de Avenida Tomkinson 2054, en San Isidro, provincia de Buenos Aires; y también de Laboratorios Ramallo S.A. (que produce para HLB Pharma y donde se elaboró el fentanilo contaminado), ubicada en la calle Ingeniero Agustín Rocca de esa ciudad, también bonaerense.

Asimismo, se prohibió el uso, distribución y comercialización en todo el territorio de la Argentina de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma “hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias para levantar la presente medida”.

Desde el lunes personal de la Anmat se desplegó en las dos plantas, hizo inspecciones y, desde la inhibición, en la firma no pueden trabajar ni tampoco hacer movimientos, ni siquiera de documentación. Además, con todo el material recabado, ahora el Gobierno podría pedir a la Justicia que clausure las dos sedes.

En tanto, ya en el Ministerio de Salud se preparan para formalizar en las próximas horas la denuncia penal contra el laboratorio.

La documentación que giró entre los funcionarios nacionales al respecto de estas empresas que están en medio de la polémica desliza que los empresarios Ariel García Furfaro y Jorge Salinas serían los responsables de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y también de Laboratorios Apolo, en base a pedidos de informes sobre estas firmas que se hicieron en la Cámara de Diputados de la Nación.

Es que las empresas no pasaron desapercibidas en el terreno público. El Laboratorio Apolo habría estado involucrado en una causa de contrabando de medicamentos a Paraguay a comienzos de los 2000. Además, el 24 de junio de 2016 se registró una explosión en la caldera de la planta que tenía ubicada en Rosario, en el barrio La Tablada, donde trabajaban 120 operarios que fabricaban suero fisiológico para el Estado nacional y los provinciales. Dos meses antes de eso, la jueza Civil y Comercial Elvira Sauan había declarado la quiebra de la empresa.

Después, ya en 2017, los empresarios compraron HLB Pharma y el nombre del laboratorio saltó mediáticamente porque estuvo en las negociaciones para distribuir la vacuna Sputnik contra el Covid-19 en la Argentina, en medio de la pandemia.