Malvinas: acotan las sanciones a empresas tras los reclamos de EEUU

El oficialismo modificó en comisión el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y limitó el alcance de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas sin autorización argentina. Los cambios llegaron después de las objeciones de Estados Unidos por el posible impacto sobre sus compañías y de los reclamos de bloques aliados. La iniciativa consiguió dictamen de mayoría con 60 firmas y quedó en condiciones de pasar al recinto.

El punto central de la negociación fue hasta dónde extender las penalidades dentro de una cadena de negocios. La versión original podía alcanzar a empresas, accionistas, intermediarios financieros y proveedores relacionados con las operadoras del archipiélago, incluso por vínculos indirectos. Washington advirtió que esa amplitud podía comprometer intereses de firmas estadounidenses con inversiones o relaciones comerciales con las compañías involucradas.

La nueva redacción incorporó resguardos para las participaciones accionarias minoritarias y para quienes prestaran servicios sin conocer su destino ilícito. Al explicar las modificaciones ante las comisiones, el diputado oficialista Damián Arabia sostuvo que se mantiene el régimen contra la explotación no autorizada de recursos, pero se introducen garantías para esos casos. También anunció cambios en las figuras penales y la asignación de lo recaudado al fortalecimiento de la defensa.

El recorte busca concentrar la responsabilidad en las operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas con participación directa, dejando fuera a fondos de inversión con tenencias indirectas. Para el sector privado, la modificación reduce la posibilidad de que una inversión financiera derive automáticamente en responsabilidad por las actividades de otra compañía.

La preocupación estadounidense había sido reconocida públicamente por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, durante su visita al país. El funcionario defendió el interés de Washington por sus empresas, aunque aclaró que respetaba el proceso legislativo argentino. El foco está en los vínculos comerciales y financieros con las petroleras Rockhopper, británica, y Navitas, israelí, que impulsan el proyecto Sea Lion.

Las concesiones también alcanzaron otros capítulos. El dictamen incorporó una comisión bicameral de seguimiento, precisó conductas sancionables por amenazas a la seguridad nacional y reemplazó el artículo sobre desinformación por una figura de injerencia extranjera clandestina, con exclusiones expresas para el periodismo, la investigación académica y la actividad diplomática legítima.

El debate sigue abierto: Unión por la Patria reclamó separar las disposiciones específicas sobre Malvinas de las reformas al sistema de seguridad y defensa, una propuesta que el oficialismo no aceptó. Con el dictamen firmado, la discusión pasa ahora al recinto de Diputados; las modificaciones todavía no tienen fuerza de ley.