La cuenta no cierra en Salud y las empresas nacionales se quedan atrás

Casi un cuarto de siglo después de la declaración de la Emergencia Sanitaria Nacional de 2002, los desequilibrios que atraviesan al sistema de salud siguen sin resolverse. Laura Caullo y Guadalupe Galindez, responsables de la sección Social-Laboral del IERAL, instituto de investigación de Fundación Mediterránea, plantearon en un informe que el principal impacto recae sobre los prestadores, desde clínicas y sanatorios hasta centros de diagnóstico y profesionales.

El diagnóstico parte de una economía que avanzó a velocidades muy diferentes en los últimos años. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, la pesca creció 53,6%, la minería 29,5% y la intermediación financiera 25,7%. En el otro extremo quedaron la construcción, con una caída de 11,3%; la industria, con una baja de 6,5%; y la administración pública, que retrocedió 4,5%.

La salud tampoco consiguió recuperar completamente el nivel de actividad que tenía a fines de 2023. En junio de 2026 se encontraba 0,1% por debajo de aquel registro, aunque el comportamiento del empleo mostró una resistencia mayor que en el conjunto de la economía.

Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el empleo registrado del sector cayó 1,3%, mientras que la contracción promedio de la economía alcanzó el 3,9%. La diferencia tuvo otra contracara: los salarios reales de los trabajadores de salud perdieron 3% en ese período, frente a una recuperación de 1% en el promedio del empleo formal.

El ajuste cambió de lugar

La particularidad está relacionada con el funcionamiento de la actividad. Una institución médica tiene menos margen que otros negocios para achicar rápidamente su estructura cuando empeoran sus ingresos. Las guardias deben funcionar, los turnos continúan y determinados equipos profesionales necesitan mantenerse aun cuando la ecuación financiera se vuelva más ajustada.

Por eso, una menor reducción del empleo no implica que los problemas económicos hayan desaparecido. El desequilibrio puede trasladarse hacia los salarios, la deuda, el mantenimiento de infraestructura o la postergación de inversiones.

El problema se profundiza por la forma en que se determinan los ingresos. Los prestadores afrontan gastos en personal, medicamentos, insumos, tecnología y equipamiento, pero no fijan libremente el precio de buena parte de sus servicios. Los aranceles dependen de negociaciones con financiadores públicos y privados que también enfrentan restricciones presupuestarias.

En los hechos, esa dinámica puede convertir al propio prestador en financiador de una parte de la atención. Las instituciones deben cubrir salarios y costos operativos antes de saber cuándo cobrarán o si el valor reconocido alcanzará para compensar los gastos. Cuanto más se extiende ese desfasaje, mayor es la presión sobre la liquidez y menor el margen disponible para invertir.

Al mismo tiempo, el sistema incorporó durante las últimas décadas nuevos medicamentos, tratamientos, prestaciones y tecnologías. El Programa Médico Obligatorio fija un piso de cobertura que se amplió mediante nuevas normas y decisiones judiciales, mientras buena parte de los ingresos de las obras sociales continúa dependiendo del empleo formal y de los salarios.

Cuando el costo de las prestaciones avanza por una vía y los recursos disponibles por otra, la diferencia termina trasladándose hacia distintos actores del sistema, entre ellos quienes efectivamente brindan la atención.

Una carga que se acumula

El frente tributario agrega otra dificultad. Muchas prestaciones médico-asistenciales están exentas de IVA, pero clínicas y otros establecimientos pagan ese impuesto cuando compran insumos, equipamiento o contratan determinados servicios. Como esas prestaciones no generan débito fiscal, una porción del crédito acumulado no puede recuperarse y se incorpora al costo.

Las estimaciones del IERAL indicaron que el crédito fiscal no recuperable y los saldos técnicos de IVA representan alrededor del 8% del precio final. Para el caso base de una institución sin fines de lucro, la presión tributaria equivale a cerca de un tercio del precio de venta, mientras que los tributos laborales explican la mitad de la carga fiscal total.

La sucesión de regímenes excepcionales y facilidades de pago durante más de dos décadas también dejó obligaciones acumuladas. Así, existen prestadores que mantienen deudas con el Estado mientras, al mismo tiempo, cuentan con créditos fiscales que no pueden utilizar plenamente.

Frente a ese escenario, las autoras plantearon entre las alternativas permitir que los créditos fiscales de IVA puedan compensarse con contribuciones patronales. También propusieron avanzar con un esquema de regularización de las deudas según la capacidad de pago de cada institución, sin eliminar los incentivos para quienes mantuvieron sus obligaciones al día.

El análisis apuntó, en definitiva, a un problema que excede una mala coyuntura. Incluso una recuperación general de la actividad podría no alcanzar para corregir desequilibrios acumulados durante décadas si los prestadores continúan financiando su funcionamiento corriente a costa de inversión, infraestructura y equipamiento.

La consecuencia va más allá de los balances de clínicas y sanatorios. Si la tensión se prolonga, puede limitar la incorporación de tecnología, el mantenimiento de los equipos de trabajo y, finalmente, la capacidad de sostener la calidad y continuidad de la atención. Después de casi 25 años de emergencia, el debate pasa por resolver las condiciones que volvieron permanente un régimen pensado originalmente como excepcional.